El agua, base de la economía y la vida, fue castigada en el Presupuesto de Egresos de la federación (PEF) 2017 con un recorte de 72 por ciento, lamentaron Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Pedro Moctezuma Barragán, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que los recursos para agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales se redujo de 12.6 mil millones en 2016 a 3.6 mil millones para 2017. Es un recorte brutal que afecta la equidad y sustentabilidad en 197 mil comunidades a escala nacional, de las cuales la mitad tiene una severa crisis de distribución del líquido.

En ese sentido, José Luis Téllez Ortega, de la Alianza del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), señaló que las decisiones sobre el futuro del agua en México se están tomando sin brindar información a la sociedad y sin un debate público.

Al respecto, anunciaron el lanzamiento de la última etapa de la campaña nacional para presentar la iniciativa ciudadana de ley general de aguas (ICLGA), que propone soluciones a la crisis del líquido y presupuestos que garanticen el derecho al recurso.

Quieren discusión en el Congreso

La ICLGA ha sido elaborada desde 2012 por comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles, que buscan que la discusión de la iniciativa sea obligatoria en el Congreso una vez que se alcancen las más de 104 mil firmas requeridas por ley. A la fecha se han recabado 90 mil.

La iniciativa, agregaron, tiene como ejes poner fin a la corrupción en el sector, garantizar el acceso al agua de calidad como prioridad nacional, para ecosistemas y soberanía alimentaria, poner fin a la contaminación y destrucción de cuencas, así como a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y cambio climático.

“El proyecto no permite mercantilizar el agua ni privatizarla o lucrar con su gestión. Se centra en la elaboración cogestionada (ciudadanía-comunitaria y gubernamental) de planes de ejecución obligatoria, vigilados por una contraloría ciudadana.

Conagua busca reducir el derecho humano al agua para limitar la obligación del Estado a progresar hacia el acceso universal a 50 litros al día, a una distancia menor de un kilómetro con 30 minutos de traslado, e instalaciones para eliminar excretas. Para lograrlo promueve la apertura al capital privado a megaproyectos y sistemas municipales. El modelo de la ley Conagua apuesta a hacer posible altas tarifas y recortes a programas sociales.