El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las acciones realizadas para poner en marcha el mecanismo especial del caso Iguala, que tiene como propósito dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin discusión, el pleno del Senado aprobó el punto de acuerdo dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos, así como una solicitud a la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entreguen un informe sobre el avance de la investigación del caso Tlatlaya y del cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la reparación del daño a los familiares de 22 personas abatidas en esa localidad del estado de México el 30 de junio de 2014.

Acerca del primer punto, en el dictamen aprobado por todas las fuerzas políticas se precisa que el pasado 9 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el inicio de la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento especial a las recomendaciones del GIEI, en sus dos informes, entre ellas revisar las actuaciones judiciales respecto del quinto autobús tomado por los normalistas.

Se resalta que la CIDH considera que el trabajo realizado por el GIEI fue fundamental y es de la más alta importancia asegurar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por los expertos.

Ese mecanismo constituye en estos momentos la herramienta idónea para que la CIDH pueda dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, por lo que es necesario tener información de su puesta en marcha, se insiste en el dictamen.

El Senado consideró necesario conocer cuál es el avance de las investigaciones sobre el caso Tla-tlaya, uno de los episodios más lamentables en materia de violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país.