Durango, Dgo.

El ex gobernador de Durango Jorge Herrera Caldera y otras 24 personas que fungieron como sus funcionarios en la administración 2010-2016 solicitaron amparos de la justicia federal para evitar ser detenidos, luego que, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, durante el proceso de entrega-recepción de la administración estatal hubo ‘‘rebeldía’’ por las autoridades salientes, las cuales se negaron a proporcionar información referente a nóminas, pagos, gastos y deudas, y ahora se conocen múltiples irregularidades.

Según el Poder Judicial de la Federación, 25 personas tramitaron amparos, entre ellas Herrera Caldera, los ex secretarios de finanzas, Cristina Díaz; obras públicas, César Guillermo Rodríguez; salud, Eduardo Díaz; recursos naturales, Rigoberto Medina, así como varios ex subsecretarios y directores de áreas.

Alanís Quiñones afirmó que durante la primera etapa del proceso entrega-recepción, que finalizó el pasado 15 de septiembre –mismo día que comenzó el periodo del nuevo gobernador, José Rosas Aispuro–, las autoridades anteriores ‘‘nos negaron ver las nóminas; quisimos saber el estado de la deuda y nos lo negaron; quisimos saber cuál era el presupuesto 2016, lo gastado hasta septiembre y lo que estaban dejando, y todo lo negaban’’.

Aseguró que también ocultaron lo relacionado con el pago de obra pública, lo que se erogaba y lo que faltaba de erogarse.

Hasta que comenzó la segunda etapa de la entrega-recepción, de la segunda quincena de septiembre a finales de octubre, se conocieron irregularidades, y durante la tercera etapa, que se inició hace semana y media, empezaron las auditorías ‘‘y es ahí donde empezaron los amparos’’, agregó.

La semana pasada se detuvo a la ex subsecretaria de egresos Leonor Rodríguez, acusada de esconder información relacionada con el gasto público, quien buscaba radicar en Argentina.