Dentro del mecanismo de prevención de la tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió sendas recomendaciones al gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General de Veracruz por diversas irregularidades y violaciones a las garantías fundamentales en sus respectivos centros de detención y agencias del Ministerio Público.

En el caso de Nuevo León, donde destacan los penales de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, la recomendación señala que persisten sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, insuficiente suministro de alimentos, higiene inadecuada y falta de instalaciones para mujeres y sus hijos.

La recomendación a la Fiscalía de Veracruz indica que no se asignan ni gestionan recursos presupuestales para proporcionar alimentación a las personas detenidas en las agencias y fiscalías del Ministerio Público, además de que no hay suficientes áreas de aseguramiento que dependan directamente de esa instancia.

Otra observación es que no se realiza la supervisión directa de los encargados de las agencias del Ministerio Público a los lugares de detención, a fin de verificar el estado en que se encuentran las personas que están a su disposición.