El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), informó al Senado que de las 4 mil 980 nuevas plazas que se requieren en todo el país para atender a la población menor de 18 años, apenas se tienen mil 700, pese a que la ley entró en vigor en diciembre de 2014, y se contaba con 180 días para poner en marcha todo el sistema de protección a menores.

Ricardo Bucio refirió a senadores de PRI, PAN, PRD y PT de las comisiones de Migración, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Asuntos Fronterizos Sur y de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes mandata tener 4 mil 980 nuevas autoridades, es decir, dos por cada uno de los 2 mil 490 cargos de gobierno que existen en el país en los tres niveles, y también hay que darles recursos.

El funcionario asistió a una audiencia pública sobre la protección de los derechos de la infancia migrante en México, en la que destacó que la ley obliga a las autoridades municipales, estatales y federales a proteger a los menores para que al ser detenidos por la autoridad migratoria no sean trasladados a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), sino que sean canalizados al Sistema Nacional para el Desarrolllo Integral de la Familia (DIF).

Resaltó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración obligan a brindar protección integral a los menores que viajan solos o acompañados por el país, hay que darles mecanismos de garantía, de respeto, de protección, de exigencia, de defensa, de justiciabilidad.

Bucio insistió en que “a todas esas autoridades hay que darles recursos, pero tiene que haber una perspectiva de corresponsabilidad compartida en los tres órdenes de gobierno y en las distintas dependencias que tienen mecanismos relacionados con la vulneración de derechos, la falta de protección o la garantía de derechos de este grupo de población –menores y adolescentes migrantes–, que vive grandes privaciones, carencias y también peligros en su paso por el país”.

José Galileo de López, de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que la ley dice que los menores migrantes que son detenidos en el país y que viajan solos o acompañados de sus familias deben ser llevados a albergues públicos, privados o de organizaciones civiles.