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Consideran magistrados que las multas son castigo suficiente

Tras un año de análisis, el TEPJF decide no retirar el registro al Partido Verde
 
Periódico La Jornada
Jueves 6 de octubre de 2016, p. 11

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se tardaron más de un año con el expediente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sus escritorios para al final declarar infundada la exigencia de retirarle el registro pese a las múltiples violaciones cometidas en los comicios de 2014-2015.

Los seis integrantes de la sala superior concluyeron que las 18 infracciones cometidas por dicha fuerza política se sancionaron a tiempo y de manera ejemplar, con multas que totalizan 423 millones de pesos, dado que varias se rebajaron, pues originalmente sumaban más de 500 millones de pesos.

Este asunto llegó al TEPJF, luego de que 163 mil ciudadanos, lo mismo que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, así como legisladores, impugnaron la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), del 12 de agosto, que exculpó al Verde.

La ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar planteó que en lugar de una nueva sanción, el INE deberá integrar un registro sistematizado de las faltas cometidas por el PVEM, para prevenir que en 2018 repita conductas por las que fue sancionado.

Varios magistrados de la sala superior enumeraron durante la sesión de ayer todas las principales violaciones cometidas por el Verde.

Sin embargo, coincidieron en que no es válido sancionar con la pena de muerte a un partido después de que ha sido multado en varias ocasiones, como planteó Manuel González Oropeza.

Advirtió que no conviene tomar decisiones a la ligera, sobre todo cuando en todos los procesos en donde participó el Partido Verde y se le sancionó y se le siguió sancionando y se le siguió multando, el electorado ya también se pronunció, votó por el Partido Verde.

El magistrado Salvador Nava Gomar argumentó que dicho partido nunca recurrió a la violencia ni alteró el orden público.

Tal parece que lo que los ciudadanos no han hecho en las urnas, quieren que lo haga la autoridad administrativa y el Tribunal Electoral, se quejó la magistrada María del Carmen Alanís.