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‘‘Existe un amparo en el que estoy involucrada’’, precisa

Declina Pavlovich referirse a su antecesor en el gobierno estatal
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de octubre de 2016, p. 4

La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) permitirá acotar muchos de los excesos en que han caído algunos gobernadores y otros funcionarios públicos, aseveró la mandataria estatal de Sonora, Claudia Pavlovich.

En nombre de la Comisión de Gobiernos Abiertos y Transparentes, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la gobernadora priísta señaló que buscarán el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para aprobar las reformas locales.

Entrevistada al término de su participación en el encuentro sobre el sistema anticorrupción, Pavlovich declinó hablar sobre las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de su antecesor, Guillermo Padrés. ‘‘Quiero ser muy clara en este tema. Han interpuesto un amparo en donde estoy involucrada, por lo que no puedo hablar del tema. Lo que menos quiero es entorpecer las investigaciones que está realizando la PGR; por tanto es imposible que en este momento hable del asunto’’.

Poco antes, durante su participación, Pavlovich subrayó que la corrupción no le ha salido gratis a las instituciones, pues ‘‘ha generado mayor desigualdad y pobreza. Cada peso que se desvía es un peso menos a escuelas, hospitales, infraestructura de desarrollo’’. La transparencia y rendición de cuentas trae consigo una administración más eficiente y soluciones a los problemas sociales, añadió.

Nuevo andamiaje institucional

Por ello, dijo Pavlovich, es necesario reconocer el costo de la construcción de la transparencia y el combate a la corrupción, pues los gobernantes actuales serán la primera generación que deberá coexistir con este nuevo andamiaje institucional.

La gobernadora sonorense pidió a la Auditoría Superior de la Federación que los especialistas en la materia colaboren con los gobiernos estatales para las reformas al marco legal estatal, y que los adecuen a la reforma constitucional en materia de corrupción.