La Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) dará prioridad a los casos de Sonora y Monterrey –donde están involucrados el ex gobernador Guillermo Padrés y la ex alcaldesa Margarita Arellanes–, con la intención de esclarecer lo más pronto posible las probables responsabilidades de militantes involucrados en ambos asuntos, dijo el presidente de esta instancia, Luis Felipe Bravo Mena.

Al dar a conocer que los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado miércoles, Bravo Mena comentó que en cuanto se empiecen las indagatorias podría encontrarse que son varios los panistas inmiscuidos. Por ello, dijo que prefiere hablar de casos y no de nombres concretos.

El ex dirigente nacional del PAN explicó que de encontrar responsabilidades, turnará ambos asuntos a la Comisión de Orden para que ésta imponga la sanción correspondiente, y dejó abierta la posibilidad de dar vista a las autoridades externas correspondientes, dependiendo de la gravedad de las faltas.

Luego de informar que la comisión ya tiene en sus manos 26 denuncias de posibles actos delictivos cometidos por integrantes del partido, puntualizó que en Acción Nacional el periodo de tolerancia y permisividad a hechos de corrupción ha terminado.

Si en el pasado hubo manga ancha y se volteó la vista a otro lado, eso se acabó. Habrá tolerancia cero, insistió Bravo Mena, quien estuvo acompañado por Fauzi Hamdan, también integrante de la fiscalía anticorrupción.

Reconoció que el partido tardó casi un año en integrar dicha instancia debido al largo proceso jurídico que requirió, pues lo que se quería era tener una institución que actuara en serio y no simplemente dar un golpe mediático sin ninguna seriedad.

El ex embajador de México en el Vaticano celebró que otros partidos políticos también estén creando comisiones anticorrupción e hizo votos porque el PRI realmente vaya en serio en contra de este problema.

Por último, destacó que entre las denuncias que han llegado a la fiscalía se encuentran varias relacionadas con abuso de autoridad y los llamados moches, aunque en particular no hay ninguna queja contra los ex diputados Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, señalados de solicitar gratificaciones.