Las políticas públicas dirigidas a grupos discriminados se diseñan sin consultarlos, y es común que los atiendan de forma inadecuada o que refuercen la exclusión que ya padecían, sostuvo ayer Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

A pesar de que la consulta es un derecho constitucional, y ratificado también en tratados internacionales, en ocasiones las autoridades no toman en cuenta la opinión de los afectados, agregó al inaugurar un curso para capacitar a servidores públicos sobre la no discriminación.

Hace unos meses, en el Senado solicitó a los diputados federales y a los titulares de las secretarías incluir la opinión del consejo en la discusión del presupuesto de egresos y en el diseño de programas para incluir la perspectiva antidiscriminatoria.

Este jueves, en entrevista, señaló que ha tenido un acercamiento con funcionarios de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el presupuesto 2017 –el cual fue entregado ayer a la Cámara de Diputados– se tomara en cuenta las especificidades de los grupos históricamente excluidos.

El problema de hacer política pública sin reflexionar sobre la diversidad de la población es que se pasan por alto condiciones específicas de aquellos que son excluidos, indicó en el curso. Además, ocasiona que los programas carezcan de un enfoque de igualdad de trato.

Para combatir la discriminación, que a menudo se practica desde las instituciones públicas de forma intencional o involuntaria, se requiere consultar a los potenciales beneficiarios. Son ellos, subrayó, quienes saben mejor que nadie cuáles son sus necesidades, así como las restricciones más comunes que pueden afrontar para acceder a un programa.