Entre 2010 y 2014 se documentaron 615 casos de ataques a defensores de derechos humanos, incluidos 36 asesinatos, y entre ellos se encuentran opositores al establecimiento de grandes proyectos en sus territorios, advirtieron afectados por los megaproyectos mineros, hidroeléctricos y carreteros, entre otros.

En conferencia, representantes de organizaciones y comunidades se refirieron a las conclusiones preliminares que presentó el miércoles el grupo de trabajo sobre empresas y derechos de Naciones Unidas en la visita oficial que realizaron al país y pidieron al gobierno mexicano cumplir con las recomendaciones, aunque no son vinculantes.

El grupo,encabezado por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, se reunió con autoridades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como con ciudadanos y las comunidades afectadas por distintas actividades empresariales. Se presentaron 68 casos, de los cuales se corroboró que en 50 de ellos hubo intimidación y amenazas. Advirtieron que el gobierno debe definir un plan claro para el cumplimiento de las recomendaciones y pidieron que se informe la estrategia en que se establecerán las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas estructurales, a las actividades extractivas y a otras violaciones a derechos humanos ocasionadas por las empresas.

Indígenas, entre los más afectados

También pidieron que se informe sobre las maneras en que se garantizará la participación de la sociedad civil, de las personas afectadas por la actividad empresarial, de los pueblos indígenas y sindicatos.

La conferencia de prensa fue realizada con representantes de organizaciones y ciudadanos de Oaxaca, Guadalajara, Hermosillo y Xochicuautla, estado de México.

Los casos tienen que ver con minería, agua, hidroeléctricas y parques eólicos, entre otros. En la visita que el grupo realizó, por ejemplo en Oaxaca, encontró violaciones a derechos humanos por parte de empresas, gobiernos locales y federales, referentes a la consulta, asesinatos, demandas y encarcelamiento, que sobre todo utilizan las empresas para llevar a cabo sus proyectos, explicó Elena Villafuerte.

En la visita realizada a Guadalajara se observaron casos mineros, energéticos, desarrollos inmobiliarios y en particular el caso del río Santiago, donde los expertos se sorprendieron por la contaminación y los daños a la salud ocasionados por el corredor industrial que vierte los desechos. Consideraron que era una catástrofe ecológica, explicó María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.