El gobierno federal puso a disposición de los presidentes municipales del país un teléfono de emergencias, el cual podrán utilizarlo ante amenazas y eventuales agresiones del crimen organizado.

En una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) se acordó instalar el lunes próximo una mesa operativa, con el propósito de elaborar un manual de protocolos de reacción inmediata.

En éste se definirán las competencias de cada nivel de gobierno ante el combate al crimen, la protección ciudadana y la prevención del delito.

De igual forma, indicaron fuentes consultadas, ambas partes prepararán una conferencia nacional de seguridad pública municipal, debido a las carencias que aquejan a las autoridades locales y los recientes atentados.

En semanas recientes han sido asesinados los alcaldes de Huehuetlán, Puebla; San Juan Chamula, Chiapas, y Pungarabato, Guerrero.

Por conducto de la Conferencia de Municipios de México, instancia en la que están representados alcaldes de todos los partidos políticos, solicitaron mayor protección personal, con el apoyo de elementos de las fuerzas armadas y la Policía Federal, al menos para los ediles que están en zonas consideradas de alto riesgo.

En respuesta, las autoridades federales ofrecen capacitación especializada a escoltas y análisis de riesgo.

Los elementos anteriores serán delineados en el manual operativo, en la mesa que será instalada en días próximos, así como el teléfono directo a la Comisión Nacional de Seguridad (a la que está adscrita la Policía Federal) para atender emergencias, añadieron las fuentes consultadas.

Isidro López, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México y alcalde de Saltillo, Coahuila, ha expresado que es urgente fortalecer la seguridad personal de los ediles.

Indicó que al menos 15 han sido amenazados por el crimen organizado y requieren fortalecer su seguridad, al menos a niveles cercanos a los de los gobernadores.

Destacó la necesidad de fijar un mecanismo homogéneo sobre el número de elementos policiales que debe tener cada municipio, acorde con el número de población, así como los recursos materiales y protección para los agentes.