El proceso de elección del director del Instituto Nacional de Pediatría (INP) entró en la etapa final con la designación de la terna de candidatos que será presentada a la junta de gobierno. Entre ellos está el actual titular, Alejandro Serrano Sierra, reconocido por su destacada trayectoria académica y profesional. Sin embargo, en el ámbito administrativo hay problemas pendientes que, según trabajadores del INP, serían suficientes para decidir un cambio.

Entre los temas más graves, señalaron, está la construcción de la unidad de hemato-oncología, que se inició a finales de 2013 y debió concluir hace dos años, pero hasta ahora lleva un avance, cuando mucho, de 50 por ciento y su costo casi se triplicó.

Para la renovación de la dirección del INP se inscribieron siete personas, y luego del periodo de auscultación y consulta la terna quedó integrada por Serrano Sierra; Armando Garduño Espinosa, quien tiene 34 años de antigüedad en el INP y se desempeña de subdirector de medicina, y Pedro Gutiérrez Castrellón, quien ha sido director de Investigación del INP, es investigador nacional nivel II y coordinador del Centro de Investigación e Innovación en Salud Materno-Infantil del Hospital General Manuel Gea González.

Los aspirantes se reunirán con los miembros de la junta de gobierno en los próximos días, a fin de que el 16 de agosto tome posesión el nuevo director del instituto.

Integrantes de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del INP (SUTINP) señalaron que existe conflicto entre la dirección del INP y el organismo gremial por cuestiones laborales que han perjudicado a sus miembros, aseguraron.

En cuanto a la unidad de hemato-oncología, los dirigentes indicaron que está documentado que el contrato con la empresa Design Built Management (DMB) se modificó cuatro veces, con lo que el costo de la obra casi se triplicó, al pasar de 2 millones 779 mil 929 pesos a 8 millones 155 mil 961 hasta junio de 2015. Es probable que el monto se haya incrementado aún más en el año reciente, añadieron.

En noviembre de 2015, Francisco Morales Saavedra, residente de supervisión responsable de la obra, recomendó al INP rechazar la petición de DBM para realizar una nueva modificación del contrato C/O/52/1/2013 y rescindirlo, dada la incapacidad del corporativo para cumplirlo. Es insolvente económica y técnicamente, señaló el experto en el oficio, del cual tiene copia La Jornada.

También planteó que DBM no es una constructora. Siempre ha realizado remodelaciones menores, indicó, y refirió los trabajos de esta naturaleza que la firma ha realizado en consultorios del Issste.

Morales Saavedra señaló incluso que en la edificación del INP existen problemas graves, como filtraciones de agua en la azotea, justo arriba del área de hospitalización. Esta deficiencia pone en riesgo la salud de los pacientes, indicó.

Otro de los asuntos denunciados por el SUTINP es el contrato plurianual (octubre de 2014 a septiembre de 2017) asignado sin licitación pública a la empresa Ofi Store, que presta servicios administrados de equipo de cómputo, con un valor de más de 10 millones de pesos. El tema es investigado por el órgano interno de control, porque además de la falta de concurso, el contrato se celebró con premura, apenas 24 horas después de que fue solicitado por el Departamento de Servicios de Apoyo del INP.

Lo raro, señaló el SUTINP, es que mes después la Secretaría de la Función Pública notificó a las dependencias de los gobiernos federal y estatales la imposición de una sanción a Ofi Store, que no podrá obtener ningún contrato de adquisición, arrendamiento y servicios en el sector público durante tres años.