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Presentan amparo para indagar acusación de tráfico de influencias contra Orozco

Diputados locales del PRI piden a fiscalía de Aguascalientes procesar a gobernador electo

La causa penal iniciada en 2010 lo vuelve inelegible para el cargo, reiteran en la demanda

 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 13

Seis diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en Aguascalientes presentaron ayer una demanda de amparo en la que piden la protección de la justicia federal por actos de omisión de la Fiscalía de Justicia de esa entidad, ya que después de varios años de investigación no ha ejercido acción penal contra el ahora gobernador electo, Martín Orozco Sandoval.

La ley de amparo fue reformada en 2013 e incluyó la posibilidad de que se otorgue la protección de la justicia en casos de omisión de autoridades administrativas que incumplen con sus obligaciones.

El mes pasado, el abogado constitucionalista José Óscar Valdez indicó en entrevista con La Jornada que Orozco Sandoval ‘‘carece actualmente de fuero constitucional’’, según refieren los artículos 62 y 125 de la Constitución federal, por lo que el proceso penal que tiene abierto en esa entidad desde 2010 (por tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones) ‘‘lo mantiene privado de sus derechos políticos y lo vuelve inelegible’’.

El escrito de amparo fue firmado por los diputados María de los Ángeles Aguilera Ramírez, José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando Muñoz López, Anayeli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, quienes alegaron violaciones a la Constitución federal por la Fiscalía de Aguascalientes.

La omisión de no continuarse la causa penal instaurada en contra de Martín Orozco Sandoval, radicada en el juzgado sexto penal del estado de Aguascalientes, listado bajo el número 02/2010, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, previsto en la legislación penal del estado de Aguascalientes, es inconstitucional y menoscaba el derecho de los ciudadanos a la obtención e impartición de la justicia de una manera clara, trasparente e imparcial, habida cuenta que su conducta vulnera el impuesto establecido en el artículo 108, del Pacto Federal y es inelegible, refiere la demanda de amparo redactada por el constitucionalista José Óscar Valdez.