El 60 por ciento de las autoridades de los tres niveles de gobierno que entre 2011 y 2016 recibieron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no las han cumplido en su totalidad. Incluso algunas de ellas tienen seis años en trámite.

Al presentar el Informe especial sobre recomendaciones en trámite, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseguró que el incumplimiento de una recomendación abona al clima de impunidad.

La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas. El incumplimiento constituye, por sí mismo, una nueva violación a derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro estado de derecho.

Además, advirtió de la gravedad que implica esta demora, pues impide que las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a tales pronunciamientos sean debidamente resarcidas, los responsables sancionados, las afectaciones causadas a las víctimas reparadas, y se adopten medidas para evitar su repetición.

Las dos recomendaciones en trámite más antiguas corresponden a la Comisión Nacional del Agua, que data de 2000, y otra dirigida a la Presidencia de la República, de 2001.

En el informe se señala que del conjunto de autoridades con recomendaciones en trámite en este mismo lapso, el mayor número lo tiene la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con 46, seguido del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 29; la Procuraduría General de la República (PGR), con 23; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 15 y el gobernador de Guerrero, con 14.

Los puntos pendientes más importantes respecto al incumplimiento son los relacionados a las garantías de no repetición, atención a víctimas y en procesos para determinar responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos, según el mismo reporte.

El presidente de la CNDH insistió que el verdadero compromiso con los derechos humanos se expresa en el terreno de los hechos, con acciones que así lo demuestren, y dijo que las víctimas y la justicia han esperado mucho y es nuestra obligación dar la respuesta que les es debida.

González Pérez aclaró que el mandato del ombudsman no es criticar para destruir, sino evidenciar para construir, para sensibilizar a las autoridades acerca de los abusos del poder o de las carencias y temas pendientes que afectan e involucran a la sociedad.

El reporte incluye cifras históricas de las recomendaciones, entre 1990 hasta el 15 de marzo pasado. En este lapso, se han emitido 2 mil 537 recomendaciones dirigidas a 3 mil 102 autoridades.

Las entidades federativas cuyas autoridades han recibido más recomendaciones, entre 1990 y marzo de 2016, son Guerrero, 136; Oaxaca, 134; Chiapas, 127; Distrito Federal, 100, y Veracruz, 93.

En contraparte, Baja california Sur y Campeche, con 10 ; Aguascalientes, con 11, y Querétaro son las entidades que menos recomendaciones han recibido desde la creación de la CNDH.