Querétaro, Qro.

Las reformas en materia de pensiones y jubilaciones hechas en las dos administraciones gubernamentales recientes (2009-2015 y 2015-2021) beneficiaron sólo a funcionarios, legisladores y magistrados, quienes se han retirado con ingresos mensuales hasta de 146 mil pesos, pero afectó al grueso de los trabajadores.

La partida para pensiones y jubilaciones en el Presupuesto de Egresos pasó de 436 millones de pesos en 2015 a 235 millones en 2016, de acuerdo con el periódico oficial del estado y del secretario de Planeación y Finanzas estatal, Manuel Alcocer Gamba, respectivamente.

Hasta noviembre de 2015, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado establecía que un empleado del gobierno local, de municipios, órganos autónomos o empresas de participación estatal o descentralizados se podía jubilar al acumular en uno o en más puestos 28 años de servicio, independientemente de la edad biológica, y podía recibir ciento por ciento del último pago salarial.

Durante el sexenio del priísta José Eduardo Calzada Rovirosa (2009-2015) la ley tuvo tres reformas, entre éstas una adición al artículo 127. Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para efectos del otorgamiento de la jubilación, se indicaba.

Eso representó que los trabajadores con 27 años y seis meses de servicio se podían pensionar como si tuvieran ya 28 años.

Beneficiados

Con esa ley se jubilaron ya el ex procurador general de Justicia Juan Martín Granados Torres, con una pensión de 43 mil pesos, toda vez que el último puesto que ocupó fue el de coordinador de proyectos en la Secretaría General de Gobierno municipal de Querétaro.

Su hermano, Juan Marcos, ex secretario de Seguridad Pública del municipio capitalino, obtiene una pensión de 95 mil 847 mil pesos por el puesto de asesor de la secretaria particular del ayuntamiento. También Alejandro Echeverría Cornejo, con 84 mil 136 mil pesos, por haber sido coordinador de Estrategia e Inteligencia Policial, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro.

En octubre pasado, los tres suspendieron el cobro de sus pensiones obtenidas en 2012, 2013 y 2014, cuando iniciaron funciones como secretarios de Gobierno estatal, de Seguridad Ciudadana y fiscal general del estado, respectivamente, con percepciones de 103 mil 690 pesos mensuales, aproximadamente, de acuerdo con el portal de transparencia del gobierno local.

El 1° de octubre de 2015 inició funciones el gobierno del panista Francisco Domínguez Servién, quien de entrada propuso una nueva reforma, misma que concretaron diputados locales en diciembre del mismo año. Los requisitos cambiaron a tener 30 años de servicio y 60 años de edad. El emolumento máximo no excederá los 42 mil pesos mensuales.

Sin embargo, previo a que entrara en vigor esa modificación, a los magistrados del Poder Judicial les dieron la opción de jubilarse con los beneficios de la anterior reforma. Siete lo concretaron con 146 mil pesos mensuales de salario promedio.

La magistrada Celia Maya García –quien inicialmente aceptó retirarse con 146 mil pesos mensuales y después decidió continuar en el puesto– reconoció que la documentación de las solicitudes de jubilaciones aprobadas en el pasado por la Legislatura local no eran revisadas, lo que genera dudas sobre si los solicitantes cumplieron con los requisitos.

Con la reciente reforma serán las oficialías de los poderes Legislativo y Judicial las encargadas de revisar la documentación y luego turnarla al Congreso para su aval, lo que tampoco garantiza la revisión de constancias de antigüedad.

Reconoce que la reciente reforma no resuelve el problema, pues los altos montos para el retiro se seguirán pagando y la principal afectada continuará siendo la planta de burócratas que cobra bajos salarios. No todos son magistrados, ironizó.

Negociaciones

Por esto, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado emplazó a huelga el 31 de mayo, pero fue conjurada luego de que el gobierno estatal aceptó jubilar a 40 empleados con la ley anterior y a entregar un bono de productividad a quienes sigan laborando, aunque cumplan los requisitos para pensionarse.

Para el abogado Filiberto López Díaz, ese acuerdo es irregular, pues la ley es de carácter general, no se puede decir a éste se aplica (los beneficios anteriores a la reforma), y a éste no.

Por ello, López Díaz promovió 10 amparos en favor de unos 900 trabajadores que rechazan el nuevo requisito de tener 60 años de edad para jubilarse, lo que representa un retroceso en sus derechos laborales.

Los amparos –que están en revisión en los juzgados– fueron promovidos porque la nueva reforma fracciona la antigüedad, pues se calcula el salario por el promedio de los últimos empleos detentados y no por el salario del último puesto laboral.

Durante la revisión, los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo aducen que la reforma prioriza el interés financiero del estado para evitar la quiebra financiera.