¿La inmoralidad de la legalidad?
o la indiferencia social en el
proyecto de La Palula

Violeta Mendezcarlo Silva

Confinamiento ilegal de residuos peligrosos en el estado de México (clausurado)

La legalidad es vacía si no abreva de la justicia y la dignidad humana y las coloca como principios fundamentales; así debe entenderse y de esta manera se expresa el espíritu de lucha en favor de los derechos humanos. La justicia depende no solo de la norma, debe atender a los más altos principios de respeto al otro sin importar su condición social, su origen, sus preferencias o sus influencias políticas.

Resulta verdaderamente trágico que la sociedad no encuentre con frecuencia en el Estado a un auténtico protector de la dignidad y de la vida, ya que ésa es la única razón de ser del ente público. Sin embargo, atendiendo a realidades sociales e institucionales, cada vez son más los ejemplos de indolencia e ineficacia del Estado para proteger los derechos humanos cuya característica fundamental es que deben ser respetados a todos por igual, y en esa tónica se hacen evidentes los problemas del Confinamiento de Residuos de Palula, asunto en el que se han vertido toda una serie de argumentos tendientes a fijar la controversia en aspectos puramente relacionados con el cumplimiento de la legalidad y no de los requisitos esenciales que necesariamente deben cumplirse para dar vigencia plena a los derechos humanos.

El tipo de residuos que se confina en estos lugares –como el confinamiento que pretende instalarse en Palula– tienen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o biológico infecciosas; pueden recibirlas desde el propio mercado nacional o bien de empresas extranjeras, e inclusive de residuos sólidos municipales, bajo condiciones controladas, aunque no siempre los controles son eficaces.

La realidad es que la instalación de centros de confinamiento y disposición final de residuos peligrosos es un final obligado para el ciclo de consumo que hoy día nos impone nuestro modelo de desarrollo –que dicho sea de paso nos ha llevado a la supeditación de la persona al capital, y ya no se diga al desperdicio y deterioro de recursos necesarios para nuestra supervivencia–; sin embargo, su manejo es riesgoso y genera incertidumbre natural en las personas que viven cerca de estos lugares.

En ese sentido, y de acuerdo a los principios establecidos por los diferentes derechos humanos, la información de cualquier proyecto cuya finalidad tenga la disposición final de residuos peligrosos deberá darse a conocer previamente a los posibles afectados sin opacidades; a efectos de que las personas conozcan los alcances y peligros del mismo. Actuar a espaldas de la sociedad, en la simulación o irresponsablemente, jamás ha sido una manera de generar confianza, como ocurre en éste y otros casos.

Sucede entonces que cuando de aspectos medioambientales se trata, todos tenemos el derecho de conocer esta información ya que los daños que puede generar un mal manejo de proyectos de este tipo puede alcanzarnos a todos, no solo los que físicamente son cercanos a un tiradero de residuos peligrosos, sino a quienes podemos vernos afectados por filtraciones, erosiones, lixiviados, etc. Y, por ello, los empresarios que ven una lucrativa oportunidad de negocio deberían ser más sensibles en el manejo de la información haciéndola accesible y, sobre todo, comprensible, librándola de cualquier tecnicismo pero siempre apegada a la verdad, al mismo tiempo que las autoridades tienen la obligación de difundirla, y evidentemente analizarla.

Resultan desafortunados algunos elementos de discurso que manejan los defensores de la instalación de este confinamiento diciendo que se “apega a la legalidad”, cuando esta situación aún se encuentra en debate; que se diga que el confinamiento “generará empleos”, cuando la gente no quiere empleos a un precio tan alto, quiere salud y no zozobra frente a un posible accidente con este tipo de residuos; que se diga que “Santo Domingo es el lugar idóneo para su establecimiento”, cuando la gente no fue consultada para recibir la basura industrial de otros países y de otros estados en su propia casa. Porque seamos sinceros, al confinar los residuos, éstos deberán ser tratados para mitigar los riesgos, pero los mismos jamás se reducen a cero, y se acrecientan con cada evento de transporte de los mismos hasta el tiradero.

Este fenómeno de rechazo es natural en cualquier comunidad y se encuentra ya documentado, la única cura para legitimar esta oposición es un trabajo abierto para conseguir una “licencia social” participativa, un verdadero ejercicio democrático; pero esta conciliación debe buscarse desde el principio, no cuando los afectados se sienten minimizados y han sido violentados en sus derechos por prácticas que vulneran toda constitucionalidad, ante un Estado que solo refrenda pretensiones oscuras e irregulares.

La licencia social representa una concreción de la responsabilidad social corporativa y la ética en los negocios. Aunque en este caso se refiere a una negociación social que debe darse previamente a la operación del proyecto. Por eso, “representa una alternativa para conciliar los intereses del sector productivo con la sociedad civil”. En esta alternativa, los diferentes actores involucrados en la propia vigencia del derecho humano a un medio ambiente sano, el Estado, las personas y los ejecutores de la actividad económica, adquieren la capacidad de emitir no solo observaciones y opiniones, sino de darle la capacidad y condicionar las actividades ambientalmente riesgosas. O recuperando algunos impactos a través de programas de intervención social y mejora comunitaria. Todo ello permitiría afirmar la capacidad de las comunidades para incidir sobre las actividades que impactarán en su área, y su implementación y vigilancia. El lograrlo es una responsabilidad ineludible del Estado, lo que no ocurre en este debatido caso.

La falta de empatía social que aqueja a muchos empresarios en el mundo no los ha llevado jamás a cuestionarse cosas como ésta: ¿qué sentirían ustedes si amaneciera y de pronto les dijeran que al lado de su casa se creará un confinamiento de residuos peligrosos? No, no todos podemos darnos el lujo de decir: me cambio de casa. Los reclamos del pueblo de Santo Domingo son legítimos, sus derechos son los mismos que los de ustedes y los míos, y eso deben considerarlo los empresarios y las autoridades.