Lucha en el altiplano potosino contra el confinamiento en Santo Domingo, SLP

Venado cola blanca Foto: Carlos Javier Navarro

Los pobladores del altiplano potosino se organizaron en el Comité en Defensa del Territorio para oponerse a la intención de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) de instalar un confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Santo Domingo. En las siguientes líneas trataré de explicar algunos hechos, los actores involucrados y el problema público que tiene solución antes que sea muy tarde y el impacto ambiental sea irreversible.

Palula es un rancho ubicado en el municipio de Santo Domigo propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, donde supuestamente las autoridades medio ambientales habían dado el visto bueno para convertir el rancho en un lugar adecuado para la conservación del venado cola blanca y el jabalí. Sin embargo, la avaricia de Cerrillo Chowell lo llevó a cambiar de planes disponiéndose a instalar un tiradero de desechos tóxicos en su propiedad sin consultar a las comunidades de los alrededores.

El ejido de La Victoria es el más cercano al rancho Palula, a tan solo 12 kilómetros. Pertenece al municipio de Santo Domingo. Sitio olvidado por las autoridades federales y estatales. Sus pobladores principalmente viven de la agricultura y la ganadería en esta zona árida que goza de hermosos paisajes, fauna y flora que se debe preservar.

Los pobladores de Santo Domingo se percataron el año pasado de actividades inusuales en el rancho Palula. Posteriormente, acudieron a investigar sin obtener respuesta por parte de quienes llevaban a cabo dichas actividades. Con ayuda de párrocos locales, los campesinos y ejidatarios se acercaron a académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y del Colegio de San Luis.

En efecto, los investigadores advirtieron a los pobladores que lo que se pretendía era instalar un basurero de desechos industriales y tóxicos y sus consecuencias. Después se integraría un equipo de académicos, abogados y agrupaciones ecológicas para articular esfuerzos con el Comité en Defensa de la Vida. De inicio se hicieron los estudios técnicos de impacto ambiental coordinados con la estrategia jurídica.

Paralelamente a las actividades iniciadas en el altiplano, profesores del Colegio San Luis y la UASLP organizaron en la capital el Encuentro Estatal de Agrupaciones Ambientalistas en San Luis Potosí los días 5, 6 y 7 de febrero pasado, con el fin de discutir, compartir, informar y diagnosticar la problemática ambiental de la entidad.

En este evento se contó con los testimonios de los habitantes del municipio General Cepeda, Coahuila, y Santo Domingo, ambos opositores a la instalación de tiraderos de desechos tóxicos. El mensaje final por parte del Dr. Víctor Manuel Toledo fue de solidaridad con los habitantes de General Cepeda y Santo Domingo denunciando los más de 420 conflictos ecológicos del país y las agresiones de que son víctimas los activistas en defensa del medio ambiente.

Dentro de este contexto, el pasado 28 de marzo se publicó en La Jornada el “Manifiesto por la vida y en defensa de nuestros territorios”, donde se rechaza la instalación de los confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en Santo Domingo y General Cepeda. Fue firmado por artistas, intelectuales y activistas de todo del país.

Ante la indiferencia de las autoridades, los pobladores de Santo Domingo, Matehuala, Guadalcázar, Charcas y Real de Catorce se movilizaron a la capital potosina el 8 de abril para manifestar su oposición a la construcción del confinamiento de desechos tóxicos en rancho Palula. Ejidatarios, campesinos, activistas, estudiantes, académicos, niñas, niños, jóvenes y ciudadanos formaron un colectivo superior a las trescientas personas para exigirle al gobernador constitucional ser escuchados.

En la entidad, los diarios de mayor circulación son oficialistas, a excepción de La Jornada San Luis que es el único medio que le ha dado seguimiento al conflicto. Políticamente, los afectados tienen todas las de perder con la clase política potosina, recordemos el daño ecológico que los gobiernos permitieron en el municipio de Cerro San Pedro que fue depredado por la Minera San Xavier con la complacencia de las autoridades ecológicas.

Santo Domingo es un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional en conjunto con el grupo corporativista Movimiento Antorchista; el gobierno estatal lo encabeza Juan Manuel Carreras López con la alianza PRI-PVEM-PANAL. Las dependencias medio ambientales son entregadas a los dirigentes del Partido Verde, mismo que designa a sus funcionarios.

El Partido Verde en SLP ha sido dirigido como una franquicia familiar por los esposos Manuel Barrera Guillén e Ivette Salazar Torres quienes se turnan la diputación plurinominal y los distintos cargos que negocian en sus alianzas electorales. Ante toda problemática ecológica de la entidad potosina, son indiferentes e incluso cómplices de los ecocidios de las empresas.

En resumen: es necesario articular un movimiento estatal y otro a nivel nacional en contra de la instalación de los confinamientos de desechos tóxicos en sitios que no reúnen las condiciones de seguridad y afectan a la población y al medio ambiente. Es un hecho que no podemos esperar nada de la clase política potosina y de las autoridades federales, estatales y municipales, omisas ante la problemática de los habitantes del altiplano potosino. Solo la organización colectiva de los ciudadanos podrá crear conciencia sobre los daños en salud, medio ambiente y economía que se produciría si no se detienen proyectos como los mencionados en este suplemento.