El CIMARI: bella teoría, triste realidad

Predio La Sabina, en el municipio de General Cepeda

José Luis García Valero
Vecino de General Cepeda, Coahuila
Retirado y activista ambiental
Correo- e: [email protected]

En México, cuando menos el 75 por ciento de los residuos que producen las industrias se abandonan a cielo abierto en llanos, cañadas, arroyos y ríos, en la atmósfera y en el mar.

¿Dónde están, preguntamos, los confinamientos que atiendan las necesidades de las entidades más industrializados, como los estados de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, y Sonora, por ejemplo? ¿Dónde están los que cubran las necesidades de las entidades petroleras del Golfo y del Caribe?

Urge una política de Estado con visión nacional de largo plazo que ponga orden en estos asuntos. Cada región industrializada que genere residuos tóxicos debe hacerse responsable de su manejo y confinamiento final.

En 1998, la entonces titular de la Semarnat, Julia Carabias, habló de la urgente necesidad de elaborar un atlas que, de manera precisa, puntual y vinculante, señalara las localidades generadoras de residuos peligrosos (RP) y estableciera los puntos donde debieran instalarse confinamientos. Como se trata de instalaciones muy especializadas, es preciso que ese atlas señale qué tipo de instalación específica requiere cada una de las regiones generadoras de residuos tóxicos. Nada se ha hecho desde entonces.

En ese contexto, en 1998 primero y después en 2014, se escogieron para hacer el negocio terrenos en el municipio de General Cepeda porque se trata de tierras de bajo costo, salpicadas de comunidades rurales pequeñas, dispersas y empobrecidas que tanto el gobierno, como el capital consideran manipulables e incapaces de defender sus derechos.

Para instalar y operar un Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI), la ley establece cuatro autorizaciones, las dos primeras competen a la Semarnat; las dos restantes a las autoridades del municipio donde se pretenda instalar. En el caso de Noria de la Sabina, la primera autorización fue solicitada y concedida en la sombra, sin que supiéramos de ello ni los vecinos ni el cabildo. La segunda y tercera fueron otorgadas ignorando los escritos de oposición presentados en tiempo y forma tanto a la autoridad municipal como a la Semarnat. La cuarta y última fue concedida haciendo caso omiso no solo de dichos escritos, sino de las movilizaciones ciudadanas que hicieron patente el rechazo al proyecto.

En 1998, trabajamos desde el Senado de la República para desenmarañar la red de engaños, complicidades, amenazas y manipuleos mediante los cuales trataron de imponer un proyecto semejante a los empobrecidos ejidatarios de San José de la Paila, también en General Cepeda y a escasos kilómetros de Noria de la Sabina. La Jornada Ecológica dedicó una de sus ediciones a este caso. La diferencia sustancial entre entonces y ahora radica en que los regidores de esa época, ejerciendo a plenitud sus facultades y atribuciones, obligaron al alcalde a anular los permisos de cambio de uso de suelo y construcción que había concedido sin consultar al cuerpo edilicio.

Las semejanzas entre estos dos casos son muy notorias: opacidad, falsas promesas de empleo y prosperidad, cumplimiento amañado de la normatividad vigente, compra de buena voluntad mediante dádivas asistenciales, complicidad con las autoridades, etcétera.

En el caso de San José de la Paila, la información se entregó en inglés. En el caso de Noria de la Sabina el proyecto se publicó en un diario que prácticamente no circula, El Heraldo de Saltillo, página 7B. En ambos casos, no se consultó a las comunidades aledañas y cuando éstas se pronunciaron en contra del proyecto mediante actas de asamblea ejidal, su voz fue totalmente ignorada.

En ambos casos aparecen los mismos actores: en 1998, Rogelio Montemayor Seguy gobernaba Coahuila, su hermano Jesús María apareció ligado a las empresas norteamericanas que promovían el proyecto. Rodolfo Zamora Rodríguez, alias La Chopa era alcalde de General Cepeda y otorgó el permiso de cambio de uso de suelo sin informar a nadie y sin tomar en cuenta al cabildo. Actualmente, Montemayor encabeza el llamado cluster minero-petrolero de Coahuila, que controla la comercialización del carbón y promueve el fracking. Rodolfo Zamora es alcalde por segunda vez. En ambos casos ha sido evidente la actitud auspiciosa del gobierno del Estado y de la autoridad municipal en favor de la empresa.

Un funcionario adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat que visitó al cabildo cepedense para informar sobre el proyecto, comentó que, en la práctica, no pueden ser vigiladas ni la construcción ni la operación de estos confinamientos. Para empezar, porque la Semarnat y la Profepa carecen de personal suficiente en Coahuila. Y por la complejidad de los tramos de control del proyecto, intervienen la Semarnat, Profepa, Conagua, Secretaría de Salud, Seguridad Pública, etc., de manera tal que el ciudadano interesado en solicitar una inspección o interponer una queja será traído de Herodes a Pilatos hasta que se canse o se fastidie. Por lo tanto, la idea de un Comité Ciudadano de Vigilancia es una entelequia inútil que solo serviría para “legitimar” a la empresa.