Luego de la orden judicial de liberar a los últimos tres militares implicados en las ejecuciones ocurridas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y testigo protegida, expresa su temor a las represalias de que puedan ser víctimas ella y su familia por dichos elementos castrenses.

Entrevistada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, instancia que la asesora y representa, Gómez González, madre de Érika, una de las jóvenes ultimadas en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, afirma que, junto con el temor, también hay un sentimiento de enorme impotencia y muchísimo coraje.

Pero adelanta que no cejará en su búsqueda de justicia, ya sea aquí o ante organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Asegura que el día de los hechos, la madrugada del 30 de junio de 2014, la mayoría de las personas que estaban ahí efectivamente se rindieron ante los elementos del Ejército, pero asegura que fueron ellos quienes los asesinaron.

Así, no tiene caso. El gobierno primero dice que denuncien, pero ¿para qué? ¿Para que luego los dejen libres y uno tenga más miedo que antes? Estoy con temor por mí y por mis hijos. Vienen cosas más difíciles. Estamos viendo un gobierno muy corrupto, subraya Clara Gómez, quien al comienzo del proceso y por medidas de seguridad adoptó el nombre de Julia.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras han reprobado de manera enfática la decisión judicial del Estado mexicano de dejar en libertad a los ocho militares que estaban siendo procesados por dichas violaciones a los derechos humanos.

Señalan que con esa decisión, el caso Tlatlaya, uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que el ex presidente Felipe Calderón involucró a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, se encamina hacia la impunidad.

Apenas el viernes anterior el sexto tribunal unitario del segundo circuito absolvió y ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes enfrentaban acusaciones por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo.

Para esa determinación, el tribunal desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal para demostrar la culpabilidad de los tres efectivos castrenses.

Los otros cinco elementos que eran procesados salieron libres en octubre pasado. Es decir, hoy ya no hay un solo inculpado en este proceso, en el cual al menos 15 de los 22 personas civiles fueron ejecutados, según la CNDH.