Opinión
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Ciudad Perdida

Omisión aberrante Escuelas privadas sin control

Fingen demencia ante el caótico transporte concesionado

N

adie, de ninguna manera, puede poner en tela de juicio el que, como lo dice el lugar común, sobre el abusador Rafael Duarte, del colegio Matatena, caiga todo el peso de la ley. Los 37 años de reclusión apenas parecen justos, pero una vez más no se va al fondo del problema y se condena a la sociedad a sufrir la pena de hallar en algún colegio privado a otro u otros monstruos, como Duarte.

El 19 de agosto de 2011 la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para el DF, luego de que la quinta legislatura del Asamblea Legislativa de esta ciudad, que encabezaba la hoy secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, la aprobó.

Como suele ocurrir, en muchos casos la ley se convirtió en letra muerta, y nadie sabe a ciencia cierta por qué se impidió su funcionamiento, pero ahora todos estamos claros de cuál fue el resultado de la omisión, y todo el peso de la ley no alcanza para resarcir el daño que causó esta omisión.

¿Dónde están los Mexicanos Primero, que tanto critican a los maestros que salen de las normales del gobierno, y se cuidan de hacer críticas a los colegios de paga? ¿Dónde está la fuerza de la Secretaría de Educación Pública federal, que no es capaz de tener una base de datos en la que se pueda tener cuando menos el perfil sicológico de quienes imparten clases en las escuelas privadas, pero anda a la caza de los profesores que enseñan en los planteles públicos y que rechazan ser evaluados después de obtener un título?

Las escuelas privadas están totalmente fuera de control, es más, según se nos comenta, para abrir una escuela se piden más o menos los mismos requisitos que para poner en marcha una estética, ya nadie se atreve a meterlos al orden. El asunto se complica cada vez más porque cada día nace una nueva escuela privada en la que nadie sabe quiénes van a impartir clases.

La ley que impulsó Alejandra Barrales buscaba poner algún orden en esos establecimientos, pero el gobierno decidió que no se les tocara ni un pelo, tal vez porque la educación a ese nivel es otro de los rubros a los que no les quiere entrar el gobierno, primero porque no deja votos, y luego porque a la iniciativa privada se le cubre, en todo caso, con el manto de la impunidad que tanto daño hace a México.

¿Cuántos Matatenas se necesitan para que el gobierno actual, donde manda Miguel Ángel Mancera, olvide los chantajes de la iniciativa privada y tome medidas en la dimensión del problema que ya se ve venir? Esa, la de poner orden en lo que toca de la educación, es una acción que todos aplaudiríamos; pero bueno, parece que de eso, de ganar voluntades no se trata, cuando menos ahora.

De pasadita

¿De verdad tenían que venir hasta los límites con la Ciudad de México los expertos de los estados de México e Hidalgo para darse cuenta del caos que significa su transporte público? El operativo de ayer pareció más un acto demagógico que una tarea que debería cumplirse día tras día y sin falta para que tuviera efectividad; si no es así, este operativo, como muchos otros actos de colaboración de estados de la República, terminará nada más en la foto.

Que no nos vengan con cuentos, tanto en los estados de México como Hidalgo la gente sabe, porque lo sufre, cuál es la situación del transporte concesionado. El caos es evidente y la demagogia con la que se quiere cubrir este mal mayor no tiene comparación. ¡Ya párenle, no!