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Los cómplices del principal acusado continúan libres, señalan

Al menos 300 defraudados por caja de ahorro siguen sin recuperar su dinero
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 9 de mayo de 2016, p. 25

Toluca, Méx.

Más de 300 personas que fueron defraudadas al invertir sus ahorros en la Caja Cooperativa La Mexiquense a mediados de la década pasada no han recibido justicia, pues a pesar de que la semana pasada Salvador Soto Vázquez, uno de los responsables, fue sentenciado a 2 mil 684 años de prisión, a ninguno de los perjudicados se le ha resarcido el daño.

Este domingo, en conferencia de prensa, Urbano López, representante de los defraudados y también víctima del fraude, aseguró que la sentencia contra Soto Vázquez es mera pirotecnia política de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues sus cómplices siguen libres.

Añadió que la condena aún no está firme, pues Soto Vázquez, ex presidente del consejo de administración de La Mexiquense, interpuso una recurso de revisión ante una sala penal de Toluca, la cual deberá determinar si ratifica o modifica la condena impuesta el 2 de mayo.

Urbano Flores sostuvo que con la impugnación tampoco se podrá hacer efectiva la orden que dictó el juez para resarcir el daño a los afectados, y reveló que durante el proceso penal se comprobó que el fraude de más de 300 millones de pesos fue una acción orquestada por los directivos de la caja de ahorros La Mexiquense, que ofrecía rendimientos de 24 por ciento– no tenía bienes para garantizar el pago. Todos estaban a nombre de particulares, y las cuentas también, por lo cual no se pudo recuperar un solo peso, explicó.

Indicó que hace tres meses uno de los presuntos cómplices de Soto Vázquez, Adolfo Bernal Osorio, otro de los presuntos orquestadores del fraude, salió de la cárcel gracias a un recurso jurídico.

Asimismo, Ricardo Espinosa Ríos y Catalina Hernández Alcántara, coacusados de Soto Vázquez, no han sido capturados a pesar de que hay más de 300 órdenes de aprehensión en su contra y exiaste el riesgo de que el delito prescriba.

Urbano López pidió al Poder Judicial y a la procuraduría mexiquenses aplicar la ley, y lamentó que varios de los afectados, sobre todo ancianos, hayan muerto sin recibir justicia.