En América Latina y el Caribe hay más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen a su madre o padre en prisión. En México se calcula que son alrededor de 470 mil. La mayoría quedan en situación de vulnerabilidad, son estigmatizados, sufren abandono, exclusión social y discriminación. Por lo general viven en comunidades de alta marginación y con severos niveles de violencia y pobreza.

En conferencia de prensa, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); Alicia Vargas, presidenta del consejo directivo de la Redim y directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides); Andrea Barrios, de la agrupación Artesana de Guatemala, y Gonzalo Salles, de la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad, destacaron que en la mayor parte de los países de la región los gobiernos carecen de políticas destinadas a la atención de este sector.

En la región en 2013 había aproximadamente un millón 300 mil personas encarceladas y entre 70 y 75 por ciento de ellas eran padres o madres, con un promedio de dos a 2.5 hijos.

La cifra de personas recluidas aumenta año tras año, debido, entre otros aspectos, a las actividades ligadas al narcotráfico, señalaron los defensores de derechos de la infancia, y expusieron que aunque los menores no han cometido ningún delito, sufren generalmente el estigma de la criminalidad. Como si existiera y hubieran heredado el gen de la maldad, lamentó Juan Martín Pérez, quien refirió que también estos infantes y adolescentes quedan vulnerables a ser captados por estas mafias.

En vísperas del Día del Niño, añadió que es frecuente que estos menores sufran discriminación y estigma, porque “juzgamos a priori; aunque no haya investigación y hayan sido torturados (los padres para admitir culpabilidad), ya fueron sentenciados por los medios y la sociedad, y eso se extiende sus hijos; entonces ya no es Pedro, Juan o Lupita, sino es la hija del narco, el hijo del asesino. Este estigma genera exclusión y cuando quieran ser parte de la comunidad van a ser rechazados”.

Remarcó que también la detención de alguno de los padres o de ambos genera importantes impactos emocionales en los niños, tanto así que estudios realizados en Estados Unidos equiparan la situación a que se les colocara un revólver en la cabeza.

Salles indicó que la plataforma opera desde hace poco más de dos años y aglutina a organizaciones de nueve países, ahora incluido México, que se sumó a través de la Redim, y la intención es hacer visible el tema y generar en cada uno de los países del área una política de atención y acompañamiento.

El uruguayo dijo que esta problemática no solo ha estado ausente en las acciones de gubernamentales, sino también de las organizaciones civiles, y señaló que para abordar este problema es primordial el levantamiento de un censo, pues las cifras que se tienen son estimaciones construidas desde la plataforma, porque a ningún adulto cuando se lo encarcela se le pregunta si tiene hijos ni con quién quedan esos niños.