En el caso Tlatlaya, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en curso una averiguación previa por la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, y el Ministerio Público Federal ha dado seguimiento al proceso penal que se sigue en contra de cuatro militares acusados del homicidio de nueve personas (aunque en realidad 22 fueron masacradas en el interior de una bodega), los cuales se encuentran a disposición del juez cuarto de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México.

Los hechos relacionados con este caso ocurrieron el 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya. La versión inicial y oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que un grupo de militares abatió a presuntos secuestradores dentro de una bodega al repeler una agresión.

Sin embargo, al paso de los días surgieron evidencias de lo sucedido, entre ellas fotografías después del presunto enfrentamiento, que daban muestra de los trabajos que realizaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Con ello y las revelaciones de una de las mujeres, que sobrevivió a los hechos, surgieron versiones que señalan que lo ocurrido fue una matanza llevada a cabo por militares, y que los integrantes de la Sedena alteraron la escena del crimen.

En ese contexto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejerció acción penal contra siete militares: tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos.

El caso quedó en manos del juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca, el cual dictó auto de formal prisión a tres elementos por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión en espera de recibir sentencia. El mismo juzgado otorgó auto de libertad a cuatro militares acusados de encubrimiento y ejercicio indebido del servicio público.

En paralelo, la Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa en contra de siete elementos por violaciones a las normas de disciplina castrense. Seis de ellos ya fueron exculpados y uno fue sentenciado a un año de prisión y ya concluyó su condena.

Funcionarios federales revelaron que esta acusación fue integrada en su totalidad por agentes del Ministerio Público Militar y, con base en los peritajes e indagatorias realizadas por autoridades castrenses, se integró el expediente.

Además de estas acusaciones, y a raíz de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta por violaciones graves a derechos humanos en contra de los siete militares.