La precariedad en las condiciones de vida y la desprotección de los trabajadores migrantes del campo hace imperativo fortalecer el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Sedesol, cuyo presupuesto se mantiene estancado –y en algunos años ha disminuido–, además de que se debe garantizar la supervisión laboral en sus áreas de trabajo.

Al cumplirse en este mes un año de la revuelta de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, el Instituto Belisario Domínguez del Senado elaboró un reporte sobre el tema. En éste, se demanda aplicar “una política de combate a la pobreza con enfoque de derechos’’, no sólo para los jornaleros sino para todo el sector agropecuario.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, los trabajadores subordinados y remunerados del sector agropecuario suman 2.7 millones y constituyen un sector para el cual no existen los “derechos laborales establecidos en la ley como: salario suficiente para necesidades materiales y culturales de su familia, derecho a servicios de salud y especialmente a la protección social en caso de enfermedades o accidentes, pensión por vejez e indemnización por cese laboral’.

Acompañado de una reseña sobre la movilización en San Quintín y el énfasis en el incumplimiento de los compromisos patronales, en todo este tiempo, Rodolfo Ramírez y Francisco Rodríguez, autores del reporte, refuerzan la importancia de una política dirigida a los trabajadores agrícolas, no sólo por elemental retribución a su labor, sino enfoque de futuro:

“Cuando esa población llegue a la vejez, requerirá del apoyo de los programas sociales, pues 80 por ciento carece de contrato y seguridad social’’, indican.

En el caso específico de los jornaleros, señalan, la dispersión de sus localidades de origen, campos de cultivo donde laboran y su movilidad hace difícil calcular su número y distinguir las características sociodemográficas y condiciones laborales. Su número se estima en más de medio millón. El año pasado, se reportó 81.2 por ciento de hombres y 18.7 por ciento de mujeres; 40 por ciento tienen menos de 30 años y 42 por ciento, entre 30 y 49 años. Además, alrededor de 60 por ciento sólo cuentan con educación primaria o menos y su promedio de escolaridad es de 6.8 años.

Representan el sector de trabajadores más pobre y explotado del país, y en el cual 80 por ciento carecen de acceso a la seguridad social, esto es, no tienen derecho a pensión por invalidez “ni la tendrán cuando sean viejos’’ y sus familias quedan en la desprotección en caso de accidentes laborales. En esa misma proporción, los jornaleros no tienen un contrato escrito.

En el renglón de percepciones, 18 por ciento de esos trabajadores gana sólo un salario mínimo o menos al mes; 67 por ciento obtiene dos minisalarios, pero, resalta el reporte, “la situación es más grave para los migrantes, porque es altamente probable que ese ingreso sea temporal, reducido al periodo de cosecha o siembra en la que se involucran’’.

Un panorama así, pide reforzar el programa solidario establecido por el gobierno federal desde la década de los 90 para los jornaleros.

El PAJA “ha contribuido a mitigar los problemas’’, sobre todo de los identificados como migrantes y que viven en campamentos, cuarterías o colonias, pero la precariedad y la ausencia de derechos es tal que no puede eliminarse sólo con las acciones de ese programa, “cuya importancia y orientación humanista no puede soslayarse’’, indica.