as empresas nacionales de aviación a bajo costo parecen estar en reñido concurso para definir cuál es la peor. Con frecuencia parece llevar la delantera Volaris, la compañía fundada en 2005 por Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari y presidente del consejo de administración de la firma aérea durante varios años. Pero, en cuanto a quejas del público, no se queda atrás Interjet, de la familia Alemán (Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, los impulsores). Y, desde luego, en permanente cuadro de anomalías está Vivaerobus, de Roberto Alcántara, el acaudalado mexiquense a quien llaman el empresario del sexenio (quien desde IAMSA maneja buena parte del sistema nacional de transporte público de pasajeros), asociado con la irlandesa Ryanair, que tiene fuerte presencia en los cielos europeos.

En particular, se ha extendido en esos ámbitos de los vuelos a precios reducidos (aunque Aeroméxico también tiene lo suyo) la política del virtual abandono a los pasajeros en situaciones de retrasos en las salidas que pueden ser de horas y durante la madrugada, sin que la adelgazada estructura de atención al público en los aeropuertos tenga posibilidades ni capacidad de resolver esos y otros problemas crecientes (sobreventa de boletos, cobro de cuotas extra por cualquier motivo, por ejemplo). Con Volaris se han producido casos de escándalo, pero esta firma, como sus compañeras de malos pasos, nada hace de fondo para remediar dicho esquema de abusos y lesión al interés del usuario. En cambio, las empresas contratan los servicios de despachos de relaciones públicas que mediante mensajes sabidamente falsos pretenden aparentar que atienden a los quejosos por Internet, en faenas deplorables que terminan por irritar aún más a los dolientes de temporada.

En estos días también se multiplican las quejas por mal servicio de Internet por parte del proveedor antes apabullantemente controlador del mercado: Telmex, a través de Infinitum, pero también hay denuncias, aunque en menor cuantía que las referidas a Infinitum, contra la gran mayoría de los nuevos partícipes (como Total Play, Izzi, Maxcom, Axtel), los cuales se suponía que habrían de corregir las marcadas deficiencias de las empresas pertenecientes al mundialmente damnificado Carlos Slim, quien pareciera estar decidido a compensar la caída de su fortuna, según los medidores de las máximas riquezas mundiales, con una exacción hormiga a los mexicanos mediante cobros de servicios no prestados (abundan los casos de usuarios que deben pagar completas sus tarifas mensuales aunque el Internet no hubiera funcionado durante días, semanas o meses, y también son frecuentes los señalamientos de cobros indebidos, además de que la velocidad contratada es siempre menor a la realmente otorgada).

El abanico de abusos empresariales no tiene como natural contrapartida una ventanilla institucional confiable, responsable y eficaz que defienda y proteja a los usuarios. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a pesar de que hay empleados deseosos de cumplir con su función, ha acentuado en lo que va del presente siglo su condición de oficina entregada a políticos que la toman como escalón de paso, en espera de promociones, incluso apretando a ciertos rubros empresariales, pero más para conseguir dinero para cuentas particulares que para aplicar medidas correctivas genuinas y duraderas. Como en las jefaturas policiacas, los nuevos directivos llegan arremetiendo contra todo para así establecer nuevas formas de recaudación privada.

El menosprecio del peñismo a la defensa del consumidor queda de manifiesto al ver a los titulares designados en estos primeros tres años. El inicial fue Humberto Benítez, una pieza de museo de la grilla priísta mexiquense al que no se encontró otro lugar de depósito más que el desván de la Profeco, de donde salió a causa del incidente de influyentismo que protagonizó una de sus hijas en un restaurante de la colonia Roma de la Ciudad de México.

Despedido Benítez luego de ese incidente, para reacomodarlo luego en alguna otra nómina generosa con sede en Toluca, apareció en escena uno de los fabuladores estelares del peñismo, Alfredo Castillo, quien luego de su colaboración en el montaje de la niña Paulette y el colchón asesino había iniciado el sexenio como subprocurador general de la República. Poco tiempo duró Castillo como duro recaudador privado en la Profeco, pues fue enviado a Michoacán a empeorarlo a título de comisionado de Los Pinos, evidentemente violador de la soberanía de esa entidad, corresponsable histórico de muertes, encarcelamientos (el médico Mireles, una de las víctimas de sus truculencias y venganzas) y un violento proyecto de rediseño gerencial del crimen organizado.

A Castillo lo relevó Lorena Martínez, cuyo objetivo político cantado era la candidatura priísta al gobierno de Aguascalientes, que finalmente logró. Luego de ella quedó otro mexiquense, Ernesto Nemer, quien en 2012 arrancó como subsecretario cuña en Sedesol, en el esquema de control paisano que Los Pinos impuso en secretarías de Estado y direcciones importantes del gabinete ampliado, siempre con un vigilante del estado de México para reportar a Peña Nieto lo que de extraño hiciera el titular correspondiente e incluso, como en Gobernación, con Luis Enrique Miranda, para operar con línea directa de Los Pinos ciertos asuntos relevantes.

Ese abandono gubernamental posibilita y potencia el abandono empresarial. En aviación e Internet, sólo por dar dos ejemplos notables, las compañías hacen virtualmente lo que quieren, mientras Profeco boletina declaraciones, manda inspectores (siempre insuficientes) y amaga con multas (ínfimas en comparación con los daños causados, e incluso negociables a la baja más adelante).

Y, mientras Bruselas recibe el latigazo terrorista luego de la detención de Salah Abdeslam, el autor intelectual del atentado en París el 13-N, ¡hasta mañana!

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