Legisladores, especialistas, investigadores y autoridades educativas y de universidades coincidieron en que es urgente renovar el marco jurídico y normativo de la enseñanza superior, toda vez que la Ley de Coordinación de la Educación Superior data de 1978, por lo que se carece de los mecanismos jurídicos para afrontar los nuevos retos.

Durante los trabajos del foro La legislación mexicana de educación superior, destacaron que se enfrenta una coordinación y regulación insuficiente y poco eficaz, se carece de instrumentos idóneos de financiamiento, persisten desafíos en la calidad educativa y en el incremento de cobertura, además de que faltan nuevos esquemas para impulsar su internacionalización y vinculación con el mercado laboral, y garantizar el acceso con equidad.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien encabezó el acto convocado por el Senado y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), afirmó que además de estos retos se deben analizar los mecanismos de financiamiento de la educación superior a mediano y largo plazos.

Hoy se enfrenta un reto importante con el sistema de pensiones de muchas universidades del país, tema que debemos platicar para darle una solución viable. No podemos permitir que el sistema de pensiones detenga su desarrollo, señaló.

Sin embargo, advirtió que los acuerdos deben ser con transparencia y definir responsabilidades que todos debemos asumir en el financiamiento de la educación superior, la que deben tener los gobiernos federal y locales, así como los compromisos que deben asumir las instituciones de ese nivel de enseñanza del país.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, enumeró algunos de los retos de la formación universitaria, entre ellos su dispersión y la rigidez de sus planes de estudio; destacó que desde su aprobación, en 1978, la Ley de Coordinación de la Educación Superior no ha sido modificada.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, alertó sobre el ejercicio de la autonomía, que ha significado el desentendimiento social de los fines de la universidad. Dijo que un auditorio secuestrado por un grupo es la expresión más plástica del vacío que como sociedad estamos dejando en nuestras universidades.

Al respecto, Sergio Valls Esponda, secretario general de la Anuies, quien se pronunció por la transformación del marco regulatorio del sector, aseguró que esta revisión no contempla un análisis de la autonomía, y destacó que el organismo siempre estará en apoyo de lo que decidan las universidades.

Por su parte, investigadores y rectores convocaron a abrir un debate donde se analicen los retos que enfrentan las instituciones de educación superior, de las cuales existen más de 3 mil en todo el país, tanto públicas como privadas, al considerar que el actual marco normativo no responde a las demandas actuales de las universidades ni garantiza que las instituciones cuenten con los recursos financieros necesarios y distribuidos de forma oportuna.

Imanol Ordorika, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que la legislación existente es obsoleta e inadecuada, y enfatizó que los retos que enfrenta el sector no son sólo consecuencia de la ausencia de leyes, sino de políticas claras para la educación superior.

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, reiteró la urgencia de que el gobierno estatal, que encabeza Javier Duarte, entregue los recursos presupuestados a esa institución por cerca de 2 mil millones de pesos, de los cuales 452 millones corresponden a fondos federales que aún no han sido entregados.