Río de Janeiro.

El turbulento escenario político brasileño vio explotar este martes una bomba cuyo poder nadie puede, al menos por ahora, medir: se supo que en las delaciones premiadas de 11 altos ejecutivos de Andrade Gutierrez, la segunda mayor constructora del país, se admite que la empresa donó 5 millones de reales (al cambio de la época unos dos millones y medio de dólares) de manera ilegal a la campaña para la relección de Dilma Rousseff en 2010.

La delación premiada es un beneficio concedido a presos que colaboren con las investigaciones. No es considerada prueba definitiva por los tribunales, sino una contribución decisiva para que las investigaciones avancen sobre terreno sólido. Si no se comprueba lo que el delator relató, las penas a que eventualmente sea sometido se agravan. Si se comprueba, las penas son sustancialmente reducidas.

Comprobado, el caso que involucra directamente a la actual mandataria no tendrá consecuencias jurídicas, una vez que se refiere a la elección de un mandato que ya terminó. Pero significará un golpe prácticamente fatal para su gobierno, que siempre reiteró que no hubo caja dos, o dinero ilegal, en sus dos campañas, la de 2010 y la de 2014. Ahora mismo el Tribunal Superior Electoral analiza denuncias del principal partido de oposición, el PSDB, de que hubo recursos originados en sobornos y desvíos de dinero de estatales en la campaña de 2014.

Los ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez dicen haber cubierto deudas de la campaña de 2010 mediante contratos forjados con una empresa que trabajó en aquellas elecciones. Se trató de un recurso contable para justificar los gastos, porque los servicios jamás fueron prestados a la constructora: por detrás de la apariencia legal, lo que hubo fue dinero ilegal para cubrir gastos electorales.

Ahora le toca a la policía federal, que actúa como cuerpo de policía judicial, comprobar las denuncias. Pero, explotada al extremo por los medios hegemónicos, especialmente la televisión, la noticia es arrasadora para una presidenta ya prácticamente inmovilizada por el torbellino político.

Es la primera confesión directa que indica que hubo ilegalidad en la elecciones de Dilma Rousseff desde que se desató la Operación Lavado Rápido. Dicen los delatores que la constructora atendió a pedidos de uno de los tres coordinadores de la campaña. José Eduardo Cardozo, que el pasado lunes renunció al Ministerio de Justicia, es uno de los tres.

Por la noche del martes corrían rumores en Brasilia de que hay mucho más en las delaciones de los ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez, y que se harán nuevas revelaciones cuando la justicia lo considere conveniente.

El ex presidente Lula da Silva, otro blanco de la campaña incesante contra el gobierno y el PT, principal figura del escenario político brasileño, también se ve muy presionado por la alianza entre la policía judiciaria, los medios de comunicación y un juez provinciano de primera instancia, Sergio Moro, quien muestra, con intensidad creciente, claros síntomas de padecer de una aguda hipertrofia del ego: nada parece seducirlo más que prender sin acusación formal hasta que el preso acepte hacer la delación premiada. La extrema urgencia de Moro para investigar al gobierno y al PT es el contrapunto exacto a la infinita lentitud con que se mueve cuando los sospechosos son de partidos de la oposición.

El lunes por la noche se admitió formalmente que Lula da Silva está bajo investigación en la Operación Lavado Rápido. El motivo: averiguar si recibió ventajas indebidas mientras ocupó la presidencia. No se aclara qué tipo de ventajas, ni cómo, ni cuándo. Poco importa: como ya quedó hartamente evidenciado, lo que interesa es desgastar su imagen hasta inviabilizar una eventual postulación en las elecciones de 2018.

A Lula se le acusa de todo. Quieren pruebas de que efectivamente profirió las charlas y conferencias por las cuales cobró honorarios de las constructoras que ahora se encuentran bajo investigación para comprobar si participaron, y hasta qué punto, en el esquema de sobornos en Petrobras. También se acusa a Lula de haber utilizado su imagen y sus contactos, luego de haber abandonado la presidencia, para favorecer empresas brasileñas –especialmente del sector de la construcción– en los países donde tenían intereses, principalmente en África y América Latina. O sea, se acusa a Lula de hacer lo que hacen muchísimos ex mandatarios en todo el mundo, defender intereses de empresas de sus respectivos países, empezando por Fernando Henrique Cardoso, su antecesor en la presidencia brasileña. Además, se le acusa de ser dueño de un departamento que no es suyo, y de una finca que es de uno de sus mejores y más antiguos amigos.

Hay fuerte preocupación tanto en Brasilia por los desdoblamientos de la acusación contra Dilma Rousseff como por las investigaciones sobre Lula da Silva. La turbulencia continúa hasta sacudir el escenario y, con ella, permanece la parálisis de un gobierno elegido por 51 millones de brasileños y ahora cercado por una oposición que no se resigna a la derrota. Más aún: una oposición que cuenta con la solidaridad de un juez que hace de la justicia un espectáculo y un instrumento político a su favor.