16 de enero de 2016     Número 100

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Nueva Zelanda

Los peligros del TPP
para la social democracia

Kathryn Lehman y Dominic Hartnett University of Auckland

Desde 2012, más de 20 organizaciones de diferentes sectores de la salud pública, grupos indígenas, sindicatos y asociaciones protectoras del medioambiente han estado uniendo fuerzas para informar al público neozelandés sobre las amenzas para la socialdemocracia del país que presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo cual puede observarse en la página web http://itsourfuture.org.nz/ (“Es nuestro futuro”).

La figura pública que ha asumido mayor responsabilidad en la comunicación de los detalles legales del texto en un lenguaje popular y entendible para todos es la doctora Jane Kelsey, profesora de Derecho de la Universidad de Auckland. Según esta experta, “la gente debería estar muy preocupada, ya que esto confirma viejos temores de que Nueva Zelanda tendrá menos control sobre su destino”.

Nueva Zelanda ha sido uno de los mayores promotores de este Tratado porque tanto el Partido Laboral como el Partido Nacional están de acuerdo en que el Estado debe subvencionar al sector agroexportador, especialmente de productos lácteos, bovinos y frutícolas (dirigidos a los mercados en China, Asia y América Latina). Con la entrada del Reino Unido en la Unión Europea en 1973, Nueva Zelanda perdió su estatus de privilegio como miembro de la Commonwealth. No obstante, las políticas del Partido Nacional son mucho más radicales que las del Partido Laboral, y la privatización de empresas públicas ha sido el mayor objetivo de su gobierno. De este modo, el Estado del bienestar creado en los años 30’s se ha ido desmantelando rápidamente, lo que ha convertido a Nueva Zelanda en el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa de desigualdad que más rápido ha crecido en los años recientes.

El TPP representa la última fase de este proceso neoliberal porque no permite la participación democrática, contraviene el Tratado de Waitangi y va a resultar en un mayor crecimiento de las desigualdades sociales. En un país con un aumento de la exportación de alimentos, paradójicamente, las cifras de hambre y pobreza están alcanzando niveles inéditos en nuestra historia.

En dicho contexto, los expertos consideran que el TPP representa una amenaza grave para los siguientes logros más valorados por la sociedad neozelandesa:

  1. La provisión de medicamentos a precios accesibles.

  2. El derecho de los maori a mantener su autonomía (garantizado en el Tratado de Waitangi, 1840).

  3. El derecho a proteger el medio ambiente.

  4. Los derechos laborales.

Amenaza a la salud pública. Los profesionales de la salud pública han denunciado con vehemencia el aumento del costo de medicamentos que supondrá el TPP. Desde 1993, la agencia estatal PHARMAC ha logrado negociar el precio de los medicamentos con las empresas farmacéuticas para mantener al mínimo el precio para el ciudadano. Según la doctora Deborah Gleeson, el TPP reducirá la autonomía de PHARMAC porque tendrá que asumir mayores costos administrativos, además de entrar en procesos de consulta previa con las empresas farmacéuticas y con los Estados miembros. Asimismo, el Capítulo sobre Inversiones podría permitir que una empresa demande al gobierno neozelandés por incumplimiento de los acuerdos establecidos. Pero lo más preocupante de todo es el Capítulo de la Propiedad Intelectual, que Gleeson considera “nada menos que un desastre para la salud global”. Dicho capítulo contiene provisiones sobre la extensión de patentes para medicamentos y sobre la exclusividad en el mercado de los nuevos “biofármacos” durante ocho años. Como consecuencia, habrá una mayor demora en el acceso a las versiones genéricas de estos medicamentos, lo que se traduce en un gasto superior para PHARMAC. Esto, a largo plazo, redundará en precios más altos para la población.

Falta de consulta previa al pueblo maorí. El pueblo maori ha luchado fuertemente para defender su soberanía a lo largo de siglos de inmigración europea. En 1840, el Tratado de Waitangi entre la Corona británica y los 540 rangatira (jefes) maori estableció un mecanismo legal para reconocer los derechos del pueblo maori a tener autoridad sobre sus tierras, recursos naturales y tribus. Un siglo después (en 1985), se creó el Tribunal de Waitangi para resolver reclamos relacionados con violaciones del Tratado.

Aunque ciertos grupos están a favor, otros representantes del pueblo maori han recurrido al Tribunal para dejar constancia de las siguientes reivindicaciones:

  1. La falta de consulta previa en el proceso de negociación del TPP representa una violación clara del Tratado.

  2. Cualquier incremento en el costo de los medicamentos afecta al pueblo maori de forma desproporcional, como lo indican las estadísticas.

  3. El Capítulo de la Propiedad Intelectual permitiría la comercialización de su cultura, lengua y arte.

  4. La falta de consideración del impacto a largo plazo del TPP sobre su control y acceso al agua y otros recursos naturales.

Amenazas del TPP al medio ambiente. Aunque Nueva Zelanda se presenta como “limpia y verde” en sus campañas de promoción, el gobierno del Partido Nacional no se ha comprometido a crear una política económica o ambiental que logre los objetivos globales para reducir emisiones de CO2 acordados en el COP21. De hecho, según la Climate Action Tracker, Nueva Zelanda es el país que menos se compromete a enfrentar el cambio climático entre los participantes del TPP. Esta falta de compromiso ha provocado críticas por parte de las islas vecinas del Pacífico más afectadas por el cambio climático, como Tuvalu.

El TPP amenaza los acuerdos globales del Conferencia de las Partes 21 sobre Cambio Climático (COP21) porque exigen cambios drásticos en las políticas económicas y ambientales a nivel global, pero el texto del TPP no menciona ni una vez el cambio climático; al contrario, promueve siempre “crear un marco de comercio e inversiones predecible”. Además, las provisiones de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS) del TPP permitirían a las empresas extranjeras demandar al gobierno. Este fue el caso de la petrolera Lone Pine, que demandó al gobierno de Canadá por unos 250 millones de dólares bajo las provisiones ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la prohibición del fracking. De hecho, 70 por ciento de las demandas ISDS está relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente.

Amenazas del TPP a los derechos laborales. El Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda (NZCTU) se unió con otros sindicatos de los países del TPP para proponer un capítulo laboral que habría obtenido su apoyo (http:// www.ituc-csi.org/the-trans-pacific-partnership-16694). La versión final del capítulo laboral del TPP no incluye las enmiendas importantes que habrían protegido a los trabajadores y trabajadoras. La Confederación Sindical Internacional (CSI) reconoce la profunda decepción sentida por los sindicatos al leer este texto. Sharan Burrow, secretaria general de la CSI afirma: “Las empresas se gobernarán a sí mismas, y podrán aplicar mano dura a los gobiernos, mientras los trabajadores son abandonados a su suerte. No es de extrañar que ciudadanos del mundo entero rechacen acuerdos desnivelados como el TPP”. Sistemáticamente, el gobierno del Partido Nacional ha utilizado tácticas legales y mediáticas agresivas en secreto para reducir la protección de los derechos laborales en Nueva Zelanda. Las industrias más atacadas en años recientes han sido la minería, el trabajo portuario, los empleados que trabajan en la industria del cine (la “Ley Hobbit”) y los servicios de limpieza.

En resumen: desde la perspectiva de la sociedad civil de Nueva Zelanda, el TPP pone en peligro la participación democrática, el empleo, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos del pueblo maori.


Australia

Campaña contra el TPP

Patricia Ranald Coordinadora de la Red Australiana de Comercio e Inversiones Justos

La Red de Comercio e Inversiones Justos de Australia (Aftinet, por sus siglas en inglés) es una red de organizaciones de 60 comunidades, que incluye los rubros de sindicatos, Iglesia, salud pública, medio ambiente, mujeres, pensionistas, ayuda y desarrollo y grupos de derechos humanos, y que aboga por un comercio justo basado en los derechos humanos, los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental. Ver www.aftinet.org.au

La campaña australiana contra el TPP fue lanzada en 2009 y en los seis años recientes ha participado en cientos de foros públicos y reuniones de la comunidad, ha realizado cabildeo político y ha organizado manifestaciones públicas. Más de 150 mil personas y organizaciones firmado peticiones contra el TPP, y entre ellas están grupos de consumidores, como CHOICE, y grupos de comunicación social, como GetUp.

Las encuestas muestran que el 61 por ciento de los australianos se opone a los derechos especiales que otorga el TPP a las corporaciones extranjeras para demandar a los gobiernos en los tribunales internacionales, teniendo éstos primacía sobre las legislaciones nacionales (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Los tribunales se integran por abogados de inversión que no son jueces independientes, y no se toman en cuenta precedentes ni apelaciones.

La oposición de la comunidad impidió que el gobierno conservador de Howard incluyera ISDS en el acuerdo de libre comercio entre Australia y Estados Unidos en el año 2004. Por esa razón fue que la tabacalera Philip Morris, con matriz en Estados Unidos, tuvo que cambiar algunas inversiones a Hong Kong y utilizó un oscuro acuerdo de inversión con Hong Kong, que incluye ISDS para demandar al gobierno de Australia por su ley pionera sobre el empaquetado del tabaco en 2011. Se desató un proceso de cinco años, con gastos de 50 millones de dólares en honorarios legales, y al final un tribunal internacional determinó que Phillip Morris no era una empresa de Hong Kong y desechó la demanda en diciembre 2015 . El gobierno conservador actual ha aceptado el ISDS en el TPP.

La mayoría de los australianos también se oponen a los fuertes derechos de monopolio a favor de las empresas farmacéuticas, los cuales retrasarán el acceso a medicamentos más baratos. El TPP también impone normas regionales que dan más derechos a las corporaciones globales y ponen frenos a los gobiernos en sus intenciones de regular a favor del interés público en otras áreas.

Nuestra campaña ha promovido mucho los comentarios críticos en los medios de comunicación, tanto digitales como las principales publicaciones, como Sydney Morning Herald, The Melbourne Age y Canberra Times.

Después del lanzamiento del texto TPP el 5 de octubre de 2015, el análisis hecho por el equipo de expertos de Aftinet fue citado ampliamente en los medios de comunicación, sobre todo en lo relativo a medicamentos e ISDS. Hemos producido resúmenes en lenguaje sencillo que se encuentran en nuestro sitio web. Aunque algunas de las peores propuestas presentes en los documentos de las negociaciones que fueron filtrados por la prensa han sido eliminadas en el texto oficial difundido recientemente, hay muchos demonios en los detalles. El TPP fortalece los derechos de monopolio para las corporaciones, a costa de los derechos de las personas y, pese a las promesas, no proporciona normas ambientales exigibles eficaces o derechos laborales.

Para la sociedad civil de Australia, las cuestiones clave en el texto son:

Derechos de los inversionistas extranjeros a demandar a los gobiernos sobre las leyes nacionales

  • Campañas de salud pública se han traducido en una cláusula específica en el TPP que excluye futura regulación del tabaco a partir de casos de arbitraje internacional. Esta es una victoria y deberían prevenirse futuros casos como el de Philip Morris.

  • Sin embargo, la necesidad de la exclusión específica de regulación del tabaco muestra que las “salvaguardas” generales para otras leyes de interés público son débiles, de forma similar a las cláusulas en otros acuerdos recientes, y no impedirán que las corporaciones presenten casos sobre la regulación ambiental de la minería, la regulación de medicamentos, e incluso la regulación de los salarios mínimos.

  • Las “salvaguardas” en la definición de “trato justo y equitativo” para los inversionistas siguen siendo objeto de una amplia interpretación por parte de los tribunales.

  • Las mejoras procedimentales no toman en cuenta el hecho negativo fundamental de que los tribunales ISDS carecen de un poder judicial independiente y excluyen precedentes o apelaciones.

Fortalecimiento de los derechos de monopolio para las empresas farmacéuticas e incremento en los precios de las medicinas

Las compañías farmacéuticas contarían con derecho de 20 años de monopolio sobre las patentes y con precios más altos en los nuevos medicamentos antes de que versiones más baratas estén disponibles.

Campañas de salud pública eliminaron algunas de las propuestas más extremas del TPP, pero para muchos países el TPP fortalecerá los derechos de patente y proporcionará derechos de monopolio adicionales para los costosos medicamentos biológicos que se utilizan para tratar el cáncer y otras enfermedades graves. Expertos australianos en salud y Médicos sin Fronteras (MSF) dicen que el TPP restringirá y retrasará el acceso a medicamentos de menor precio a millones de personas, especialmente en los países en desarrollo.

La ley australiana sobre monopolios biológicos no va a cambiar de inmediato, pero el texto del TPP es ambiguo en cuanto a “otras medidas” que “entreguen un resultado de mercado comparable”, y respecto de una futura revisión que podría resultar en hasta tres años adicionales de monopolio.

Cada año de retraso en la disponibilidad de medicamentos biológicos más baratos le costaría al gobierno australiano cientos de millones de dólares, y se generaría una presión para elevar los precios al consumidor.

Capítulo Medio Ambiente: principios no jurídicamente vinculantes

  • Sólo menciona cuatro de siete acuerdos internacionales prometidos, y sólo uno es exigible (el de comercio de especies en peligro de extinción).

  • No se refiere al cambio climático, sólo a las medidas voluntarias para reducir las emisiones.

  • Contraste con fuertes derechos legales de los inversionistas extranjeros para demandar a los gobiernos.

Capítulo sobre el Trabajo: débil en su implementación

  • Debe demostrar “violaciones sostenidas o violaciones que ocurren” de los derechos laborales de una manera “que afecten el comercio o la inversión”; no se incluyen los sectores donde no hay comercio.

  • No se prohíben productos derivados de trabajo forzoso, en su lugar, se postula como objetivo la eliminación de estas prácticas, sin especificar cómo.

  • Los procesos prolongados de quejas no han dado lugar a una acción eficaz en los capítulos similares de otros acuerdos.

Debatiendo el texto TPP y haciendo campaña en contra de sus leyes de aplicación en 2016

Aftinet presentó su análisis preliminar del texto en nuestro foro público el 18 de noviembre de 2015. También hablamos en un foro público el 30 de noviembre de 2015, en la Casa del Parlamento en Canberra, organizado por el Grupo Parlamentario de todos los partidos para el TPP y al que asistieron 50 miembros del Parlamento y su personal.

Se prevé que los ministros de Comercio del TPP celebrarán una ceremonia de la firma a principios de febrero, y es probable que el texto se presente en el Parlamento de Australia en la primera semana de febrero.

Habrá indagaciones parlamentarias durante febrero y marzo antes de que el Parlamento vote la legislación de implementación. Aftinet estará organizando eventos públicos, difusión en medios de comunicación y acciones para mantener bajo observación a los políticos durante tales indagaciones. El gobierno no tiene la mayoría en el Senado, por lo que esta es la última oportunidad para frenar el TPP. Estaremos haciendo campaña con la mayoría en el Senado –el Partido Laborista, los Verdes y los independientes- para que voten en contra de la legislación de implementación del TPP.

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