Nuevo desafío para
el Derecho Humano al Agua

Jéssica Estefanía Jiménez Montoya y Edgardo Monroy Rodríguez
Miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida

Hay en el mundo una oleada de acuerdos y tratados para consagrar la apertura comercial y ampliar la privatización de los servicios públicos. Se reforma el orden jurídico nacional para proteger las ganancias de las trasnacionales. En este marco se presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) como el siguiente hito en la historia del libre comercio, denominado “la negociación comercial más importante y ambiciosa a nivel mundial”.

A lo largo de los 30 capítulos del Tratado no se mencionan compromisos, medidas de protección, consultas vinculantes, ni sanciones ante incumplimiento, daños y perjuicios a los ecosistemas o medio ambiente, ni por violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio ambiente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extracción-desecho. Los intereses económicos relacionados con la minería, el fracking, petróleo, la construcción de presas, plantas de tratamiento, hidroeléctricas etcétera, encuentran en el TPP otra capa jurídica protectora frente a las políticas ambientales y resistencias de los pueblos.

El Capítulo 20 sobre “Medio ambiente” plantea como objetivo la promoción de políticas comerciales y ambientales. Se enuncia la preocupación por la descarga o emisión de contaminantes; el control de químicos, desechos y sustancias tóxicas, y la protección de la capa de ozono y de la diversidad biológica y de la flora y fauna. Sin embargo, los mecanismos para garantizar la protección no son visibles ni obligatorios, sólo se pide que “sus inversiones se realicen de manera sensible”. Las demandas, reglas y sanciones competen sólo al rubro de inversiones.

La intervención de la iniciativa privada, en particular de las corporaciones, en el servicio público del agua en México se ha fomentado en el neoliberalismo desde la modificación a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, las posteriores reformas a las legislaciones de los estados y el préstamo del Banco Mundial solicitado en 2001 por el gobierno del presidente Vicente Fox. La privatización del agua implica el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas que convierten el agua en objeto de lucro.

En 2014 la reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas sentó las bases jurídicas para promover la intervención privada ilimitada y sin evaluación, a contracorriente de la tendencia mundial más avanzada en la gestión del agua, que es el retorno al manejo público estatal y público no estatal, como las experiencias de Grecia, Bolivia, Alemania y Francia, entre otras. El cuestionamiento al modelo privatizador cobra especial relevancia ante casos de autoadministración y autogobierno del agua en comunidades, pueblos y barrios que bajo el arraigo popular y comunitario demuestran la eficacia y vigencia de los derechos ancestrales de los pueblos sobre su territorio y sus recursos naturales.

La amenaza al cada vez más pequeño sector público de los servicios es sistemática, ahora busca entrar a la dinámica de la competencia donde legalmente no habrá más posibilidad de un trato preferencial al mercado nacional. Múltiples voces a nivel mundial se han pronunciado contra los peligros del nuevo Tratado. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) denuncia la ausencia de trabajadores y usuarios en las negociaciones, contrario al inmenso poder y participación de las empresas.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que México negoció consultando a los “sectores relevantes”. En los hechos ha excluido a sindicatos, universidades, pueblos y comunidades, a la población en general, aunque su futuro se hipoteca, más aún, con la firma del TPP.

Así, la privatización de los servicios públicos como el agua es parte de la agenda del capital transnacional y el TPP es su instrumento. No muestra voluntad ni mecanismos para frenar la avanzada contaminación y devastación ambiental, sino que promueve la desregulación a las corporaciones.

No obstante, en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales está la lucha por garantizar Agua para Tod@s, Agua para la Vida, fuera de la lógica mercantil de las trasnacionales y gobiernos corruptos. El freno a la privatizadora Ley de Aguas impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue una de las victorias del movimiento México por el Derecho Humano al Agua (DHA), fruto del proceso colectivo que da cuenta de la fase madura del movimiento en defensa del agua, con orientación a trabajar una propuesta conjunta con la consigna de sumar esfuerzos y propuestas a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas como parte de un proceso nacional de construcción de consensos. El freno a Tratados y Acuerdos que pongan en riesgo el futuro de las generaciones presentes y futuras es parte de la estrategia emprendida ante los desafíos que enfrenta el DHA.

¡No al Tratado Transpacífico!

Evaluaciones de Impacto Social, instrumentos para el despojo

Mauricio González González CORASON Huasteca-Totonacapan/AMCF [email protected]

El mundo rural contemporáneo es uno que, históricamente configurado, no ha renunciado a construir prácticas que ponen en disputa sus apuestas de vida frente a intereses que intentan reducirlo a imperativos de acumulación.

La conflictividad social de nuestros días lleva por característica la de ser territorial, puesto que la defensa de los espacios de vida se ha vuelto apremiante en la reciente década. Por todo el país cunden proyectos de desarrollo que casi siempre se dan a ver a partir del antagonismo que comunidades, activistas y organizaciones ponen en marcha, al presentarse como una afrenta a las condiciones de reproducción campesina-indígena. Ello es evidente, y no sólo los descamisados se han percatado, gobierno y empresas han tomado nota.

La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 119 contempla un tipo de investigación social que debe realizarse previo a la asignación o a la publicación de una convocatoria para licitación, donde “la Secretaria de Energía, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del área objeto de la Asignación o el Contrato”, con el fin de respetar los principios de “sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos” contemplados en el artículo 118 de la misma Ley. Ante ello, se diseñaron las Evaluaciones de Impacto Social (EIS), con las que se busca dar cuenta de las implicaciones socioculturales que tiene la implementación de proyectos e infraestructura asociada a exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales emulan los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que en materia de regulación ecológica imponen las leyes ambientales y cuyo rastro de simulación es nada envidiable.

Una condición de las EIS es que sean producidas bajo metodologías participativas, las cuales desde la década de 1980 han gozado de buena salud en las intervenciones rurales. Estas metodologías tienen por cualidad incluir a los habitantes como principales actores de la investigación, diseño, planeación, implementación y monitoreo de los procesos que toman curso a partir de la propia metodología, la cual ha sido muy útil para articular a diversos interesados en áreas que otrora se mantenían bajo fuero de especialistas y extensionistas.

Las metodologías participativas buscan hacer agentes de la intervención a los mismos que son intervenidos. No obstante, a pesar de su generosidad, también pueden manipularse, y no pocas variantes instrumentales han aparecido al servicio de intereses que las llevan a cabo como requisito administrativo en el mejor de los casos. La participación puede ser tan parcial como lo requieran los proyectos, pues en el fondo el principal problema de estos instrumentos es que el dispositivo de participación se ofrece por los propios facilitadores que las implementan, por lo que pueden adecuarse y ejercerse a modo, al gusto del financiador.

No son pocos los ejemplos de ello, e instancias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) las han llevado a ser pieza fundamental de la pérdida de soberanía territorial de las comunidades en las que intervienen.

Sin embargo, bien ejecutadas, las metodologías participativas pueden no sólo orientar las decisiones de quienes implementan proyectos de desarrollo, sino incluirlos en la solución de problemas locales significativos. ¿Las EIS lo consideran? A decir de funcionarios de la Dirección de Evaluación del Impacto Social de la Secretaría de Energía, las EIS son instrumentos que orientan a las empresas para considerar posibles agravios a los pueblos y, en ese mismo movimiento, a su bolsillo, pues la experiencia nos demuestra que las resistencias locales son costosas para los inversionistas, cuyo imperativo moral es la ganancia máxima, nunca las pérdidas.

La pregunta es ¿cómo una EIS podría avalar la extracción de gas shale por medio de la técnica de fractura hidráulica (fracking), que requiere millones de litros de agua por pozo y contamina suelos, aire y recursos hídricos, poniendo en riesgo la salud de los habitantes? ¿Cómo podría avalarse una intervención que compite con cualquier otro modo de reproducción de la vida? En otras palabras, si las EIS son hechas de forma adecuada, justa, no habría manera de sostener ningún proyecto con fracking.

Por otro lado, la realización de estos estudios se realizará por medio de consultores, lo cual deja a la Secretaría de Energía la evaluación de su desempeño y los pone bajo el escrutinio de cómo hacer para que el conocimiento cualitativo propio del saber sociocultural tenga el mismo peso que el conocimiento cuantitativo propio de los análisis de costo-beneficio económico.

A finales de la década de 1930 y principio de los años 40’s, la antropología fue llamada a la palestra del proyecto de nación pos-revolucionario, uno que necesitaba incluir a los pueblos indios al engranaje modernizador que el gobierno adoptó. El costo fue el llamado indigenismo, que construyó discursos, prácticas y dispositivos para que los diversos renunciaran a su singularidad, lo cual fracasó.

Hoy las ciencias sociales son nuevamente convocadas a participar en el proyecto de nación, pero esta vez bajo la actual fase de acumulación en donde ya no se requiere insertar a los pueblos al proyecto de desarrollo, sino expulsarlos: estamos en un momento en el que el sistema económico ya no requiere de un ejército industrial de reserva al servicio del capital, ahora le sobran vidas, las desecha, por lo que aquellos que conservaron milenariamente los territorios son sus enemigos. Las EIS no son otra cosa que una modalidad de investigación al servicio del despojo, cuyo “rostro humano” no tiene otra misión más que garantizar las mejores condiciones de maximización de beneficios económicos.

Como instrumento de defensa, las EIS son inútiles, pues sólo sirven cuando el proceso de asignación o licitación no las ejecutó, es decir, como irregularidad en el procedimiento. En otras palabras, sirven cuando no están, por lo que su realización ha de ser considerada como una de las primeras fases de intervención de las empresas petroleras, ante la cual habrá que oponerse. Participar en las EIS es abrir la puerta al despojo.

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