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El Congreso local se ha empeñado en nulificar al organismo, dice el Equipo Indignación

ONG califica de omisa y negligente a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán
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Sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la ciudad de MéridaFoto Luis A. Bofill Gómez
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de enero de 2016, p. 14

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ha sido negligente, ha tolerado la tortura, ha dilatado procesos y ha sido omisa en ejercer sus facultades; además, no difunde de manera adecuada las recomendaciones que emite ni el seguimiento que se les da y ha encubierto violaciones a garantías fundamentales cometidas por servidores públicos de la entidad.

Así lo muestra un informe realizado por el organismo defensor de derechos humanos denominado Equipo Indignación, donde se da cuenta de los dos periodos de gestión al frente de este organismo de Jorge Victoria Maldonado, quien hace unos meses fue sustituido por José Enrique Goff Ailloud, nombrado por el Congreso estatal ombudsman local.

Pese al relevo en la presidencia de la Codhey, el Equipo Indignación consideró que no se tiene esperanza en que pueda haber un cambio, pues el nuevo titular del organismo era el secretario ejecutivo de la anterior gestión, y su cargo le daba plena responsabilidad de las omisiones y del mal actuar en la comisión.

En su reporte –presentado justo en el contexto del relevo en la Codhey– la organización civil subraya que el Congreso local se ha empeñado en nulificar a la comisión, pervertirla y elegir a personas sin pericia, sin capacidad y, sobre todo, sin independencia frente a las autoridades para garantizar un organismo a modo, cómplice del poder y cómodo, particularmente para el Ejecutivo estatal.

En el documento, que se puede consultar en el portal indignacion.org.mx, se asienta que durante su gestión, Victoria Maldonado actuó con impericia e incapacidad.

Para el Equipo Indignación, el ex ombudsman estatal fue complaciente para tres administraciones del Ejecutivo estatal: Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. En los tres casos, la labor de la Codhey fue más de complicidad que de protección real a los derechos humanos. Incluso en casos documentados de tortura se limitó a emitir recomendaciones en las que no mencionó jamás la palabra tortura.

Lo anterior, agregó la organización, hizo actuar al organismo como instancia de control de daños para amortiguar el efecto ante violaciones a los derechos humanos y garantiza impunidad a los perpetradores.

El anterior presidente de la Codhey no sólo fue ineficaz, sino que evadió y evitó cualquier sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, misma que debió impulsar.

La negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, permitió que persistan prácticas que son incompatibles con las garantías fundamentales, particularmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, apunta el informe.

Modificaciones a la Constitución

En entrevista, Martha Capetillo, integrante del Equipo Indignación, señaló que el ex ombudsman fue omiso para interponer recursos a modificaciones a la Constitución del estado que vulneraron derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al penalizar el aborto, y tampoco hizo lo propio cuando se limitaron los derechos de personas homosexuales.

Agregó que la Codhey presentó un informe especial sobre las condiciones de las cárceles municipales, que son efectivamente graves, pero en realidad se intentó desviar la mirada de las cárceles preventivas de la fiscalía y de los separos policiacos estatales, y fue de extrañar su silencio cuando se trata de responsabilidades del Ejecutivo estatal.

Para la activista, el cambio en la presidencia de la comisión no representa un vuelco en favor de los derechos humamanos. Hasta donde hemos visto, el nuevo titular (Goff Ailloud) parece que continuará con la estrategia de su antecesor y no se confrontará con el Ejecutivo estatal.