El PRD en la Cámara de Diputados presentó una nueva solicitud para que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y la Fiscalía General del Estado se desistan del proceso contra Nestora Salgado García, con objeto de lograr su liberación inmediata, porque existen fuertes indicios de que se violaron sus derechos humanos y que continúa presa por consigna.

El diputado Victoriano Wences Real, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, recordó que mientras el gobierno federal retiró los cargos por la presunta comisión de delitos y a partir de ello se le revocó la formal prisión, la fiscalía de Guerrero abrió nuevas causas penales.

Al no probarse el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro, la fiscalía del estado inició un proceso por el mismo delito del que fue absuelta en el fuero federal. Además, pesan sobre ella tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, robo y privación de la libertad, todas del fuero común, expresó.

El legislador sostuvo que persiste la consigna de mantener a Nestora en la cárcel, toda vez que se le abrieron dos nuevas causas penales por robo de vehículo y secuestro.

Salgado García fue detenida por militares el 21 de agosto de 2013 en un operativo por militares, marinos, policías federales y municipales de Olinalá, Guerrero, días después de que la policía comunitaria que ella coordinaba capturó a presuntos delincuentes con supuestos vínculos en el ayuntamiento municipal.

La bancada del PRD documentó, desde la Legislatura pasada, cómo fue detenida a pesar de que las actividades de la policía comunitaria de Olinalá cuenta con atribuciones respaldadas en la ley 701, al formar parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Nestora Salgado, en TixtlaFoto Notimex

Wences Real indicó que las autoridades comunitarias de Olinalá cuentan con amplia historia de autonomía y libre determinación, particularmente en su sistema de justicia, y que Nestora Salgado fue la primera mujer en asumir responsabilidades jerárquicas en la policía, además de que se hizo cargo de la conducción de seguridad en momentos de gran tensión y riesgo en una zona en la que los secuestros y robos a personas y familias eran práctica común.

Todo indica que es castigada en el contexto de su lucha por preservar el tejido social de las comunidades y la seguridad comunitaria, lucha que ha impactado positivamente en la reducción de los delitos comunes. Resulta grave y preocupante que, en lugar de resolver la situación de inseguridad e impunidad, las autoridades estatales recurrieron a la criminalización, persecución y detención de Nestora Salgado, señaló.

Además expuso que no sólo fue capturada sin cumplirse el debido proceso –no se notificó a Estados Unidos, donde también tiene nacionalidad–, sino que fue incomunicada por cinco días, después sometida a tratos crueles e inhumanos en el penal de máxima seguridad de Nayarit; se le impidió un trato con sus abogados por más de nueve meses y las visitas familiares le fueron restringidas.

Agregó que las garantías constitucionales y derechos humano de Salgado García fueron violados, y su caso demuestra que la tendencia a suprimir los sistemas de justicia comunitarios van de la mano con una grave impunidad del crimen organizado y servidores públicos, lo que aumenta el clima de violencia que prevalece en Guerrero.