Normalistas de  Tiripetío exigen diálogo

“No queremos que nos pase lo mismo que a nuestros compañeros de ayotzinapa”


Awicha (abuela) alfabetizándose. Foto: Ximena Bedregal

Flor Goche

Morelia, Michoacán. Los alumnos de las ocho escuelas normales oficiales de Michoacán viven bajo acoso permanente. Se oponen al Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas, contemplado en el Plan Sectorial de Educación 2013-2018. Están en contra también de la evaluación oficial para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio profesional docente, que se desprende de la Reforma Educativa de febrero de 2013.

Los futuros maestros exigen que el movimiento estudiantil que emprenden en ejercicio de sus derechos de libre asociación y manifestación, no sea objeto de represalias ni criminalización, como actualmente ocurre. No quieren, dicen, que les ocurra lo mismo que a sus compañeros de Ayotzinapa.

Desde el pasado 6 de octubre, los alumnos de las ocho normales emprendieron un paro de labores. Además, a partir del 27 de noviembre instalaron un plantón en el Centro Histórico de Morelia, la capital michoacana.

Reunidos en el auditorio de la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, los jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 y 22 años de edad, hablan del porqué de su actuar. Los alivia saber que no serán videograbados, que sus rostros no serán más visibles de lo que ahora son.

El acoso gubernamental y el estigma que les han construido los medios de comunicación oficiales, particularmente los que tienen sede en la entidad, los han vuelto desconfiados, cautos.

Un híbrido de corporaciones policiacas (elementos estatales, federales y de la Gendarmería Nacional) patrullan constantemente las instalaciones educativas acordonadas con lienzos de protesta. Los titulares de la prensa edifican sobre los muchachos un coctel de injurias.

Antes de iniciar la entrevista, ellos y ellas ponen sus condiciones. Dicen que responderán a las preguntas de la reportera pero que por seguridad no brindarán sus nombres ni precisarán la escuela a la que pertenecen. Enseguida comunican el acuerdo de identificarse únicamente como integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM). Su tono de voz denota lo irrenunciable de su postura.

“Nosotros emprendemos movilizaciones al ver que una ley es injusta; que nos imponen cosas que no se adecuan a nuestras necesidades como normalistas”, comenta un estudiante.

En otra de sus intervenciones agrega: “No estamos exigiendo de más ni lo imposible, sino los derechos que tenemos como sector educativo. Queremos lo que nos corresponde, lo que se adecua a nuestras necesidades”.

La radicalización de las protestas

De acuerdo con el relato de los estudiantes, desde el primer día de octubre, fecha en que Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asumió la gubernatura de Michoacán, los representes de la ONOEM buscaron establecer contacto con la nueva administración con el fin de que ésta refrendara los compromisos asumidos por el gobierno saliente.

Entonces, como acostumbran antes de emprender un movimiento, se ciñeron a la ruta burocrática. Expidieron oficios y realizaron llamadas telefónicas hasta agotar todas las instancias, incluso el saldo de sus celulares. Su peregrinar inició en el Departamento de Normales y Centro de Administración del Magisterio en Michoacán, hasta escalar a la Secretaría de Educación Pública federal.

Llegado el momento de absoluta cerrazón gubernamental —ese en el que ya no les responden las llamadas, no les reciben documentos o les postergan constantemente las fechas pactadas para los encuentros—, los integrantes de la ONOEM decidieron pasar al plano de la acción que, en este caso, por decisión de la base estudiantil, inició con la suspensión de las actividades académicas.

“Siempre tratamos de externar nuestras demandas. Y si no llegamos a nada, si no se nos escucha, es cuando tenemos que empezar con un movimiento”, comenta una muchacha de cabellos rizados.

No obstante, con las escuelas tomadas, el emplazamiento a diálogo con las autoridades permanece. Tan es así que el 9 de noviembre se dio el último acercamiento entre las partes, encuentro al que asistió Silvano Aureoles, sin que de éste emanara acuerdo alguno. Y es que, a decir de una estudiante, “en cada mesa son imposiciones y amenazas. Se nos pide que nos aplaquemos”.

Cuando a la cerrazón gubernamental se adhiere la amenaza constante que trasciende incluso al plano de la agresión directa, la lucha estudiantil escala a una siguiente etapa, caracterizada por la radicalización de las protestas. Es aquí cuando los normalistas emprenden acciones como la toma y retención de unidades vehiculares propiedad de empresas como Coca Cola o Bimbo.

Al respecto, una joven de piel morena y ojos delineados explica que, en un contexto de capitalismo y globalización, la preocupación de los Estados, incluido el mexicano, se vuelca en satisfacer las necesidades de las empresas trasnacionales que se implantan en los territorios pues éstas les proveen beneficios económicos, mismos que jamás son repartidos entre la población.

“Sabemos que si nosotros hacemos esta toma de unidades, si las retenemos un poquito, es porque eso genera que las empresas le recriminen al gobierno, le pidan que arregle su problema. Entonces tomamos estas medidas para que nos hagan caso porque al gobierno del país le interesa que estas empresas estén tranquilas y que inviertan en el país, aunque el beneficio no sea para todos”, argumenta la estudiante.

Represión y órdenes de aprehensión contra normalistas

“No queremos que nos pase lo mismo que a nuestros compañeros de Ayotzinapa”, dicen integrantes del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, luego de narrar un episodio reciente en el que dos de sus compañeros resultaron heridos por disparos de armas de fuego en el contexto del actual movimiento.

Detallan que a principios de noviembre estos alumnos se transportaban en una camioneta propiedad de la escuela cuando los policías de un retén montado en la localidad michoacana de Tiripetío les ordenaron detener la marcha del vehículo. Ante el desacato de los alumnos, derivado de su temor a ser aprehendidos, los uniformados no dudaron en accionar su armamento.

Ya no es sólo el estado de sitio en que permanecen las escuelas normales en paro, la constante vigilancia policial y persecución dirigida al estudiantado, las órdenes de aprehensión que se presume fueron giradas por la administración estatal o las detenciones de activistas. Ahora se trata también de atentados contra la vida.

Félix Pérez Lovato, secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, confirma que efectivamente “hay una persecución por parte del gobierno del estado que está liberando a diestra y siniestra órdenes de aprehensión y montando el escenario para que los muchachos puedan ser detenidos”.

A pesar del escenario descrito, los estudiantes normalistas reiteran su disposición al diálogo con la autoridad. “Queremos que se nos escuche, que haya una mesa pero que sea de negociación y no de imposición”, finalizan.