La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha recibido 57 solicitudes de permiso para el uso de la mariguana con fines recreativos y como tratamiento médico, entre ellas dos que ayer llevaron militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sergio Leyva Ramírez, secretario de Jóvenes de ese instituto político, comentó que sus homólogos en las delegaciones perredistas de los estados llevarán a la autoridad regulatoria peticiones similares, a fin de poder consumir esa hierba de manera lúdica.

Los perredistas fueron atendidos por Patricio Caso –asesor del titular de la Cofepris, Mikel Arriola–, quien precisó que otras solicitudes han llegado de los estados, de grupos de abogados y de habitantes del Distrito Federal. Éstas son revisadas por la Comisión de Autorización Sanitaria, que cuenta con 90 días para responder. Cada una será contestada con base en la ley, sin excepción y sin distinción o preferencia alguna, aseveró Caso.

Por su parte Arriola, durante el debate sobre el consumo de mariguana que se inició ayer en el Congreso de la Unión, señaló que las peticiones serán desechadas porque la Corte sólo amparó a cuatro personas.

Detalló que luego de que reciban la notificación oficial se tienen tres días para emitir el permiso, y se les otorgará a las personas que la Corte amparó.

En tanto, Leyva Ramírez señaló que al presentar las solicitudes a Cofepris, el partido del sol azteca refrenda su compromiso en favor de la regulación integral de la cannabis y una nueva política de drogas con enfoque en derechos humanos.

Indicó que si reciben una respuesta negativa de la Cofepris, la organización Juventudes de Izquierda del PRD interpondrá un amparo colectivo ante el Poder Judicial, similar al que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 4 de noviembre a la asociación civil Smart.

Este recurso beneficia únicamente a las cuatro personas que lo solicitaron, a quienes los ministros autorizaron la producción y consumo personal de mariguana.

Leyva señaló asimismo que tienen el propósito de generar jurisprudencia y de esa manera abrir la puerta a la regulación de la planta. Se trata, indicó, de terminar con la política prohibicionista hacia ciertas drogas.