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En 98 por ciento de casos el agresor es la pareja, señala la titular del Centro de Justicia

Violencia familiar, delito más frecuente contra las mujeres: María Elena Ortega

Las víctimas son de 18 a 39 años de edad, principalmente

A la fecha ha atendido a 996 personas

 
Periódico La Jornada
Lunes 30 de noviembre de 2015, p. 44

En poco más de un año de funcionar, el Centro de Justicia para las Mujeres de la ciudad de México ha atendido a 996 víctimas de violencia familiar, incluidas mujeres, niñas y niños. La cifra incluye a personas de los estados de México y Veracruz que acuden a este centro para su atención, explicó María Elena Ortega Hernández, titular del centro.

Explicó que la violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes, principalmente contra mujeres de 18 a 39 años de edad. Lo más recurrente que hemos atendido es la violencia familiar. En 98 por ciento de los casos, el agresor es la pareja. En esta cifra registramos que en 40 por ciento hay una relación formal o están casadas; en 38 por ciento tienen una relación de hecho, es decir, tienen novio, concubino o viven en amasiato, y el resto, 22 por ciento, es por lesiones y amenazas vinculadas con la violencia de algún familiar, como tíos o tías, padres, hijos o vecinos, comentó.

Ortega Hernández precisó que los actos de violencia, en diferentes niveles, están focalizados en 57 por ciento de las mujeres que están en edad reproductiva, es decir, que tienen 18 hasta 39 años de edad; 31 por ciento tienen entre 40 a 59 años, y subrayó que hay casos extremos en los que hay mujeres violentadas con más de 60 años de edad, principalmente por los hijos (8 por ciento), y 4 por ciento son víctimas menores de 18 años.

Dijo que en caso de ser necesario, el centro gestiona ante la Secretaría de Desarrollo Social un seguro contra la violencia familiar en favor de las víctimas, el cual consiste en apoyar sicológica y económicamente durante un año con un monto mensual de mil 537 pesos, el cual, previa revisión de cada caso, se podrá extender seis meses más.

Explicó que si una víctima asegura que no puede regresar a su vivienda porque está en riesgo su integridad, es canalizada a un refugio, cuya ubicación es confidencial para garantizar su seguridad y tranquilidad de 15 días a tres meses.