Buenos Aires.

Desde 2006 la justicia ha imputado a más de 2 mil responsables por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983), y han sido juzgados y condenados hasta ahora 622, incluidos jefes de las juntas militares que gobernaron en dicho periodo.

De acuerdo con el informe presentado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 fueron dictadas 149 sentencias, hay mil 65 detenidos en todo el país, 57 acusados fueron absueltos y actualmente se llevan a cabo 18 juicios contra 195 acusados.

Entre ellos figuran los responsables de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del cono sur, entre cuyas víctimas figuran políticos y dirigentes de organizaciones revolucionarias.

El próximo 25 de noviembre se cumplen 30 años desde que se firmó en Chile el acuerdo entre los representantes de inteligencia de las dictaduras del cono sur, incluidos los enviados por las fuerzas armadas de Argentina, cuando aún gobernaba el país Isabel Martínez de Perón, derrocada el 24 de marzo de 1975 por un golpe militar.

La procuraduría añade en este nuevo informe un dato importante: de los 2 mil 66 imputados, 49 por ciento están detenidos, 35 por ciento están en libertad, y tres por ciento están prófugos.

De los imputados, 227 fallecieron impunes. Otro dato importante es que 587 detenidos están en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en sedes de fuerzas de seguridad, siete en hospitales y sobre 17 no hay datos.

En estos momentos se juzga a civiles, empresarios, jueces que colaboraron activamente con la dictadura, y directivos de empresas extranjeras como Ford y Mercedes Benz, entre otras, que participaron en la entrega de dirigentes gremiales y trabajadores.

Esto ha llevado a una reacción en sectores judiciales, ya que a medida que avanzan los juicios, más se conoce sobre la implicación de las estructuras judiciales que nunca se democratizaron, ni en Argentina ni en otros países de América Latina que vivieron largas dictaduras.

En Argentina se han presentado a la justicia local víctimas de la larga dictadura del fallecido general Alfredo Stroessner (1954 1989), ya que en su país no han logrado ninguna respuesta de la justicia.

Organismos de derechos humanos a nivel nacional han expresado su preocupación ante la segunda vuelta electoral para la presidencia, el próximo 22 de noviembre, entre el candidato del oficialista Frente para la Victori, Daniel Scioli, y el aspirante de la derechista Propuesta Republicana (Pro) en la alianza Cambiemos, Mauricio Macri.

Macri ha tenido comentarios duros y hasta ofensivos con los organismos de derechos humanos, e incluso mantuvo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a algunos ex policías y ex militares asociados a la dictadura. Los organismos han expresado que van a defender lo que se conquistó en estos últimos años y la política desarrollada por los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Argentina ha sido reconocida en el mundo por la política de derechos humanos aplicada en estos años, y por impulsar otro tipo de educación a las fuerzas armadas. No estamos dispuestos a perder ese logro que significó un ejemplo de lucha contra la impunidad, advierten ante la posibilidad de que pudiera regresar la misma derecha que fue parte de la pasada dictadura y que incluso ha realizado movilizaciones junto a connotadas figuras de la misma.