Un oficio firmado el 15 de octubre de 2013 por Raúl García Chávez, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, tiene contra la pared a esa dependencia, ante la posibilidad de que se invalide la nueva orden de arresto librada el viernes pasado contra la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo por presunta defraudación fiscal.

En ese escrito, el funcionario negó la existencia de una averiguación abierta por fraude fiscal contra Gordillo, e impidió a los abogados de la maestra tramitar amparos y pruebas de descargo a tiempo, lo que hubiera frenado el ejercicio de la acción penal.

Le informo que después de una búsqueda en los archivos, libros de gobierno y bases de datos de esta Unidad Especializada se localizó la averiguación previa UEIDFF/FISM09/123/2013 (la cual está detenida por un amparo que protege a Gordillo), iniciada en su contra, la cual actualmente se encuentra en trámite, refiere el oficio firmado por García Chávez.

Añade que (a dicha averiguación previa) ya tuvo usted (en referencia a la maestra) acceso, así como sus abogados, sin que al día de la fecha (15 de octubre de 2013) se encuentre radicada en esta Unidad Especializada indagatoria distinta a la ya precisada.

Sin embargo, hay otro acuerdo (el cual forma parte de la averiguación previa que se desahogó de manera sigilosa y sin que se enteraran los abogados de Gordillo) fechado el 26 de septiembre de 2013, en el que la PGR realiza actuaciones ligadas a la presunta defraudación fiscal de 4 millones 394 mil pesos, que enfrenta desde la semana pasada la ex lideresa sindical.

El abogado Marco Antonio Del Toro, defensor de Gordillo presentó este domingo al juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Sur un largo escrito en el que detalla en qué consisten las violaciones al debido proceso de la maestra.

Los argumentos contienen también las jurisprudencias recientes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se ordena a los jueces anular pruebas obtenidas de modo ilícito o que violen derechos humanos de los imputados, entre ellos casos como el de Gordillo, quien no pudo defenderse durante la averiguación previa que inició la PGR en 2013, debido a que los fiscales negaron la existencia de la indagatoria.