Tras presentar las recomendaciones 9, 10 y 11/ 2015, por la detención y golpes contra 90 personas, tres de las cuales denunciaron actos de tortura después de participar en las marchas realizadas el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, pidió a la Asamblea Legislativa derogar los tipos penales de ultraje a la autoridad y ataques a la paz pública, ya que son utilizados para coartar la manifestación pública.

Ante la evidencia que ha generado la investigación de estas recomendaciones, la CDHDF manifiesta su postura de desaprobación y rechazo del actuar de ciertas autoridades al utilizar el aparato institucional y la fuerza punitiva del Estado para intentar responsabilizar a las personas que logran detener en manifestaciones y marchas de protesta, de infracciones que, si bien sucedieron, no se realizaron las acciones para evitar la afectación a terceros y presentar a los responsables, deteniéndose a personas sin evidencias de que no tenían que ver con los hechos.

Las recomendaciones se emitieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica del Distrito Federal.

Explicó que se comprobó que elementos de la SSP, en las tres manifestaciones, no se apegaron a las funciones de seguridad pública y a los principios de actuación de los cuerpos policiales.