n plena crisis por el arribo de decenas de miles de refugiados procedentes de Medio Oriente y África, algunos gobernantes de Europa occidental han empezado a mostrar gestos de sensibilidad ante el problema, en lo que podría ser el inicio de un viraje en la manera tradicional –represiva y criminalizante– con que los estados de destino han venido tratando el fenómeno migratorio. En días pasados, en efecto, los gobiernos de Alemania y Austria abrieron sus fronteras a miles de personas que huyen de los conflictos bélicos en Siria y Libia o de situaciones económicas catastróficas en el continente africano, en tanto el presidente francés, François Hollande, anunció su decisión de acoger a 24 mil refugiados en los próximos dos años. Su homólogo británico, David Cameron, ofreció aceptar a 20 mil en cinco años. En total, la Comisión Europea propuso admitir a 120 mil personas procedentes de Siria, a las que se suman 40 mil que se encontraban en Italia y Grecia y que están siendo reubicadas en otros países de la Unión Europea (UE). Por su parte, Atenas informó que se dispone a abrir nuevos centros de acogida con capacidad para 30 mil personas.
Por lo que hace a este hemisferio, Uruguay fue pionero, el año pasado, aún durante la presidencia de José Mujica, en la recepción de refugiados sirios, y en la crisis actual Venezuela y Brasil destacan por su disposición a aceptar a miles de desplazados de Medio Oriente, en tanto Argentina y Chile han anunciado que recibirán a algunos centenares de ellos. En el caso de México, que tuvo una tradición de asilo y refugio, sorprende que la iniciativa haya sido tomada por la sociedad y no por el gobierno. En efecto, hace unos días se dio a conocer una petición en línea –que ha recabado más de 30 mil firmas– a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se dé asilo a 10 mil sirios.
Salvo en lo que se refiere a Brasil y Venezuela, los gobiernos de ambos lados del Atlántico han actuado impulsados por la presión de organizaciones humanitarias y de iniciativas ciudadanas e incluso empresariales –como la del magnate noruego Petter Stordalen, quien ofreció donar a los refugiados cinco mil noches de hotel, con alimentos incluidos–, o bien, en los casos de Grecia e Italia, bajo la presión de la circunstancia. Con todo, las referidas respuestas gubernamentales empiezan a marcar una diferencia con respecto a las estrategias oficiales tradicionales para hacer frente a los flujos migratorios, independientemente de que se originen por causas económicas, políticas o bélicas: las alambradas de púas en las fronteras y, en los territorios, la persecución policial y las deportaciones.
Sin embargo, las medidas de acogida anunciadas hasta ahora resultan insuficientes y parciales. Se calcula que la guerra en Siria ha creado unos cuatro millones de desplazados, la mayoría de los cuales ha buscado refugio temporal en países vecinos –Turquía, Líbano y Jordania–, pero es claro que esas naciones no pueden ofrecerles condiciones mínimamente decorosas.
La responsabilidad de Occidente por los flujos migratorios es ineludible, toda vez que ha sido la injerencia de Washington y de la UE el principal factor de desestabilización en territorio sirio y que es la política económica occidental la que genera las condiciones de inhabitabilidad social en buena parte de los países africanos.
Mención aparte amerita la vergonzosa actitud de las monarquías petroleras de la península arábiga, que se han negado a aceptar a desplazados sirios, y la de Estados Unidos, que ha abierto sus fronteras a sólo mil 500 personas procedentes del país en guerra.
Es preciso, en suma, multiplicar y extender los gestos de apertura gubernamentales y pugnar por un cambio general en la actitud tradicional de las autoridades nacionales ante los flujos migratorios que recorren el mundo. Si el planeta es en mayor parte un sitio de libre tránsito para mercancías y capitales, resulta de elemental justicia y congruencia convertirlo también en un ámbito sin restricciones para el desplazamiento de seres humanos.
