15 de agosto de 2015     Número 95

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

La importancia de la agricultura
familiar en el mundo

Fernando Soto Baquero Representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Cerca de 900 millones de personas en el mundo siguen padeciendo hambre crónica pues no pueden costearse una alimentación adecuada, y más de 70 por ciento de las personas con inseguridad alimentaria viven en zonas rurales de países en desarrollo. Muchos de ellos son trabajadores agrícolas con bajas retribuciones o productores de subsistencia con dificultades para satisfacer las necesidades de alimentos de sus familias.

Al 2050, se tendrá el desafío de alimentar a unos nueve mil millones de personas, con los límites que plantea el cambio climático a los sistemas de producción intensiva, por la degradación generalizada de la tierra y el agua, y con otros efectos medioambientales negativos. Es necesario encontrar sistemas de producción verdaderamente sostenibles e inclusivos, a fin de satisfacer las futuras necesidades de alimentos del mundo. Nada se acerca más a este paradigma de producción sostenible de alimentos que la agricultura familiar o la pequeña producción agropecuaria.

El Comité Directivo Internacional para el Año Internacional de la Agricultura Familiar, en 2014, definió que: “La agricultura familiar es una forma de organizar la producción, gestionada y administrada por una familia y depende principalmente de mano de obra familiar, tanto mujeres como hombres. La familia y la parcela se relacionan entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”, según señala El estado mundial de la agricultura y la alimentación (FAO, 2014).

La agricultura familiar es relevante en el mundo. Más de 500 millones de familias gestionan la agricultura mundial, según el informe citado de la FAO. Esto significa que nueve de cada diez explotaciones agrícolas pertenecen a la agricultura familiar. Éstas producen cerca de 80 por ciento de los alimentos del mundo en cuanto a valor. Más de 90 por ciento de las producciones agrícolas con gestión individual o familiar dependen sobre todo de mano de obra familiar y ocupan entre 70 y 80 por ciento de las tierras agrícolas. La gran mayoría de las fincas del mundo son pequeñas o muy pequeñas, y en muchos países de bajos ingresos su superficie está disminuyendo aún más.

A escala mundial, las parcelas agrícolas de menos de una hectárea representan 72 por ciento del total, pero sólo controlan ocho por ciento de las tierras agrícolas. Las de un tamaño ligeramente superior, entre una y dos hectáreas, representan 12 por ciento de las fincas y controlan cuatro por ciento de las tierras, mientras que las de dos a cinco hectáreas representan diez por ciento del total y controlan siete por ciento de las tierras. Sólo uno por ciento de las fincas en el mundo tienen una superficie de más de 50 hectáreas, pero controlan el 65 por ciento de las tierras agrícolas. La tierra está distribuida de forma más igualitaria en los países de ingresos bajos y medios, donde más de 95 por ciento de las fincas cuentan con una superficie menor a las cinco hectáreas, pero tienen a menudo acceso limitado a recursos y bajos niveles de productividad.

¿Vale la pena invertir en la pequeña agricultura, o debe apostarse por la gran agricultura? En los países del Norte no hay pequeños agricultores, mientras que en otros, como los de Asia o África, no hay grandes agricultores, entonces ahí no tienen que elegir en ese debate. Pero en América Latina la situación es diferente, ya que hay diferentes tipos de agricultores.

Esto levanta la pregunta: ¿vale la pena la inversión en la pequeña agricultura? La historia brinda varios ejemplos positivos: la “revolución verde” empezó en México y llegó a la India en los años 60’s-70’s, y gracias a eso la India, donde nadie puede tener más de dos hectáreas, y que en esos días moría de hambre, trasladó conocimientos a millones de pequeños agricultores, nuevas variedades de trigo, fertilizante, riego y política pública de comercialización. En la India también se desarrolló la “revolución blanca” con los pequeños productores de leche, el gobierno les otorgó crédito para adquirir una o dos vacas y les aseguró la compra de leche y su procesamiento, convirtiendo a la India en el primer productor mundial de leche. En China su “revolución agrícola” empezó en 1/16 de hectárea, el gobierno brindó fertilizantes y la compra segura de parte de su producción y hoy es la segunda economía del mundo. En 1989 el gobierno de Vietnam hizo su revolución otorgando tierra a los productores para cultivar arroz. Hoy es el tercer exportador mundial de ese cereal. En el 2010, en Egipto, el gobierno organizó a 30 mil pequeños agricultores, les otorgó dos hectáreas de terreno desértico, crédito, semilla y riego, y hoy satisfacen la demanda interna y exportan verduras y frutas. Si las políticas son correctas y específicas, los productores pequeños responden y a veces lo hacen mejor que los grandes, lográndose grandes cambios.

Aportes de la pequeña agricultura. Los agricultores familiares desempeñan un papel vital en el incremento de la disponibilidad de alimentos en el nivel local, y garantizan la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de empleo e ingresos y la diversificación de las economías. Por medio de la agricultura familiar se promueven diversos roles en la familias, se amplía la participación de mujeres y jóvenes y se mejora el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad. Son a su vez abastecedores de la agroindustria y promotores de la cultura gastronómica y de productos étnicos de sus comunidades y regiones. Pero es necesario mejorar el acceso a los mercados como motor esencial para su desarrollo y promover la innovación.

Cabe aclarar que por debajo de un cierto tamaño de finca puede que la agricultura no sea viable económicamente para constituir el medio principal de sustento de una familia. En ese caso, son necesarias otras fuentes de ingreso, como el empleo fuera de las fincas y las transferencias o remesas, para garantizar una vida digna para la familia. En este sentido, es necesario promover políticas de desarrollo rural que ofrezcan oportunidades diversas.

Hay necesidades de los agricultores familiares que son muy similares en todo el mundo para mejorar sus ingresos y contribuir a la reducción de la pobreza: mejora en el acceso a tecnologías con aumentos sostenibles de la productividad; insumos que respondan a sus necesidades y respeten sus culturas y tradiciones; atención a mujeres y jóvenes que se dedican a la agricultura; refuerzo de organizaciones y cooperativas de productores; mejora del acceso a la tierra, agua, crédito y mercados; mayor participación en cadenas de valor, con garantía de precios justos; fortalecimiento de lazos entre agricultura familiar y mercados locales, y la equidad en el acceso a los servicios esenciales como educación, salud, agua pura y saneamiento.


El potencial productivo
del pequeño productor

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)


FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

Lo que la postpolítica trata de impedir es, precisamente, esta universalización metafórica de las reivindicaciones particulares
Slavoj Žižek
En defensa de la intolerancia; 2007

Más allá de reivindicar la centralidad del pequeño productor en una nueva política de Estado para el campo, como lo hace la Iniciativa Valor al Campesino, conviene precisar que no se trata sólo de un acto de justicia y solidaridad, sino de un asunto de sobrevivencia y buen vivir para todos los mexicanos de hoy y de las futuras generaciones.

Se trata de dilucidar si existe una salida democrática y sostenible a la crisis estructural del modelo agroalimentario de la “revolución verde” impulsado por el capital trasnacional, o si, por medio del autoritarismo, se impondrá en nuestro país su continuidad agónica, prolongando y agravando la crisis alimentaria, social, ambiental, de seguridad y gobernabilidad que nos aqueja desde hace más de dos décadas, particularmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el estallamiento de la crisis alimentaria internacional de 2008.

Ante el agotamiento del modelo agroalimentario de la revolución verde, conviene preguntarse: i) quiénes serán capaces de producir los alimentos que demanda la población, con la cantidad y calidad requeridas; ii) alimentos sanos y nutritivos; iii) producidos en forma tal que no envenenen la tierra, el agua y el aire; iv) que su producción, procesamiento y distribución no suponga incrementar el calentamiento global, sino que contribuya a enfriarlo; v) que en el proceso productivo el respeto a los derechos humanos sea la norma y no la excepción; vi) que respete y preserve la biodiversidad y la diversidad cultural de quienes producen; vii) que disminuya la desigualdad y promueva una justa retribución al trabajo, y viii) que, en síntesis, produzcan no sólo alimentos, sino dignidad y buena vida para todos y todas.

Al respecto conviene ejemplificar con la agricultura maicera sinaloense, paradigma del “éxito” de la revolución verde y cuyos grandes agricultores rentistas son ahora los “hijos predilectos del régimen”. Hace 25 años, Sinaloa producía no más de 500 mil toneladas de maíz. Ahora, alrededor de 30 mil productores –la mayoría rentistas- producen cinco millones de toneladas en 500 mil hectáreas de riego. Es decir, tienen un rendimiento promedio de diez toneladas por hectárea. La mayor parte de la producción se destina a abastecer el mercado nacional en una época en que no hay producción significativa de maíz blanco en ninguna otra parte del país.

De ahí la importancia de la agricultura sinaloense. Sin embargo, sus costos de producción son muy altos, tres mil pesos por tonelada, en virtud del uso masivo de semillas híbridas de compañías trasnacionales, de fertilizantes y agroquímicos importados, y del uso intensivo de maquinaria agrícola, diesel y agua de riego. Para compensar esos costos y la baja rentabilidad, cada año los productores sinaloenses captan subsidios públicos crecientes. En 2015, recibirán unos cinco mil millones de pesos, o sea 50 por ciento del presupuesto anual de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). Es decir, 30 mil productores reciben un monto de subsidio igual al que recibe el resto de los productores maiceros del país.

Las comparaciones son obscenas. Cada productor de maíz de Sinaloa recibe subsidios por 166 mil 666.66 pesos, contra 12 mil 500 que recibe su homólogo de Chiapas, siete mil 900 el de Guerrero y cinco mil 500 pesos el de Oaxaca.

Son subsidios públicos para la desigualdad y la exclusión. Con la devaluación reciente del peso frente al dólar, los costos de producción de la agricultura sinaloense de la revolución verde se incrementarán al menos en 20 por ciento; por lo tanto, los requerimientos de subsidio se incrementarán y así sucesivamente. Estos subsidios además están asociados con la disminución de costos de adquisición de las cosechas por parte de las grandes empresas compradoras (Maseca y Cargill), lo cual de ninguna manera repercute en el abatimiento de los precios al consumidor de la harina y la tortilla. El modelo es insostenible para el interés público.

Por otro lado, el uso masivo de agroquímicos y de energéticos fósiles contamina el suelo, el agua y los alimentos, y emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), a la vez que amenaza la biodiversidad y la salud de los trabajadores agrícolas. Por supuesto que la fase transgénica de la revolución verde no hace más que reproducir y agravar los problemas ya comentados.

Pero hay alternativas económicas, sociales y ambientales viables y probadas: la revalorización y el fomento del enorme potencial productivo del pequeño productor, asociados a la adopción de un nuevo modelo de agricultura sostenible, agroecológica, de conocimientos integrados y de una nueva política de Estado que los promueva.

Lo anterior significa, por un lado, incluir en el esfuerzo productivo a cinco millones de unidades de producción rural (UPR), con lo que el impacto en la producción nacional se verá reflejado en el corto plazo. Por otro lado, permitirá impulsar la productividad sostenible a partir ya no de insumos sino de conocimientos integrados: los de la sabiduría campesina ancestral con los científicos y tecnológicos de punta. Reconociendo el carácter del campesino como sujeto productivo y portador de conocimientos agrícolas pertinentes, y la intrínseca característica del suelo como ecosistema complejo vivo, es posible impulsar un nuevo modelo de agricultura sostenible de inclusión social, altos rendimientos, bajos costos, mayor rentabilidad, protección de los recursos, mayor resiliencia de los cultivos y menor emisión de GEI.

Con este nuevo modelo, pequeños productores de maíz de temporal obtienen diez toneladas por hectárea con costos de producción de mil pesos por tonelada. Lo hacen utilizando los conocimientos integrados como factor principal de la productividad y resiliencia, produciendo localmente los bioinsumos (semillas, compostas, lixiviados, microorganismos, extractos vegetales, fitohormonas, inductores de resistencia, harinas de roca, etcétera), restableciendo el equilibrio en el ecosistema suelo, protegiendo la agrobiodiversidad, profesionalizando permanentemente a productores y técnicos comunitarios, y sobre todo, bajo la coordinación y con el apoyo de la organización económica local autónoma de los pequeños productores y sus redes en diferentes niveles. Y de esta forma se reduce la dependencia y crece la autonomía, la libertad y la ciudadanía.

Tenemos innumerables ejemplos de la concreción del enorme potencial productivo del campesinado: producción orgánica, milpa “recargada”, agricultura chinampera, maíz intercalado en árboles frutales (Miaf), agricultura sostenible de ladera, manejo comunitario de bosques y selvas, turismo agroecológico, defensa y preservación de los maíces e innumerables plantas alimenticias nativas, protección de las cuencas hidrológicas y de los manantiales y cuerpos de agua, manejo sustentable de agaves para la producción de mezcal, etcétera, etcétera.

El potencial productivo multifuncional, diversificado y sostenible del pequeño productor está a la mano. No hay otra salida democrática y sostenible a la crisis del modelo de agricultura de la revolución verde. Es indispensable, por tanto, respetar la propiedad social de la tierra y los territorios campesinos, base material de existencia y reproducción de las agri-culturas campesinas en México. Urge incorporar la elevación del fomento productivo del pequeño productor al nivel de política de Estado en la agenda del movimiento campesino. Les urge a los campesinos, al país y a los mexicanos de las siguientes generaciones.

A pesar de los pesares,
resistimos y proponemos

Álvaro Urreta Fernández Secretario general de la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda)


FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez

En México los pequeños productores sumamos 5.5 millones y contamos con unidades de producción que van de 0.1 a cinco hectáreas, lo cual en conjunto integra 112.3 millones de hectáreas en el país, según muestra el estudio “Agricultura familiar con potencial productivo en México” (FAO-Sagarpa, 2012, página 14).

Con esa superficie ofertamos el 39 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, generamos 3.5 millones de empleos familiares y contratamos 5.1 millones de jornaleros, proporción mayor a la que crean las unidades de producción con mayores dimensiones, según el mismo estudio (páginas 7 y 8). No sólo ocupamos más mano de obra de la que utilizan los agricultores medianos y ricos, sino que lo hacemos con un trato mucho más humanitario.

Desafortunadamente, a pesar de lo que significamos, nuestra cotidianidad esta bañada de adversidades; desplegamos algunas a continuación:

Primera.- Nuestras tierras están permanentemente acosadas por la expansión desordenada de la mancha urbana, fenómeno facilitado por el gobierno en sus diferentes niveles, en vínculo legal o fraudulento con constructoras e inmobiliarias.

Segunda.- El establecimiento de minas, carreteras, agroindustrias globales, entre otros enclaves, es también una amenaza a nuestros territorios campesinos. Tales iniciativas son generalmente impulsadas por hombres de negocios cuya prioridad es el lucro; cuentan generalmente con apoyo gubernamental.

Tercera.- Las industrias, los sistemas de drenaje urbano, las termoeléctricas, entre otros anclajes sistémicos, contaminan nuestros ríos y nuestros freáticos, cuando bien nos va, porque cada vez más nos arrebatan el agua con la que regamos nuestras siembras.

Cuarta.- La situación de escasez de los apoyos públicos que recibimos es consecuencia de una orientación de subsidios que favorece a los grandes productores. Además, las instituciones de gobierno frecuentemente nos condicionan los apoyos imponiéndonos a los proveedores de insumos, equipo y maquinaria; lo hacen directamente o con intermediarios que hoy se ostentan como organizaciones campesinas y sus correspondientes despachos técnicos, provocando con ello no sólo la pérdida de los recursos que legítimamente deben llegar a nuestras manos, sino también la contaminación del suelo, el agua y los alimentos que producimos con químicos nocivos.

Quinta.- Nos están convirtiendo en el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria, al alejarnos de los consumidores, por la agonía de los mercados públicos. Y a cambio se facilita la proliferación de espacios comerciales ligados a empresas extranjeras, cuyo poderío las ha colocado en la punta de los negocios globales.

Sexta.- Una avalancha creciente de comida chatarra y aguas azucaradas de colores distintos bañan nuestras comunidades rurales y rur-urbanas, provocando enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, cuyos tratamientos vacían nuestros bolsillos.

Séptima.- Los pequeños productores que tienen hijos aún jóvenes están observando con angustia cómo las adicciones a la televisión comercial y los videojuegos provocan manifestaciones sicológicas violentas, resistencias a las labores agrícolas y propensión al consumismo, y eso estimula a la vez frustración cuando los bienes publicitados son inalcanzables.

Octava.- Crece el alcoholismo y la drogadicción en nuestros pueblos y la criminalidad penetra ante el debilitamiento de la cohesión del tejido comunitario. Estos fenómenos son provocados por las fracturas sociales y el individualismo derivados del proselitismo de los partidos políticos y los programas de gobierno asistencialistas e individualizantes que escinden en vez de provocar la acción colectiva.

Lamentamos y cuestionamos, pero también proponemos sobre la base de tres líneas estratégicas concomitantes:

Una primera, orientada a la formación de promotores comunitarios que induzcan el intercambio de saberes de campesino a campesino con una visión integral territorial y comunitaria, en la producción, la organización, la educación, la salud, la preservación productiva de los recursos naturales, la defensa de la tierra y el agua de calidad, la cultura y la cohesión social, en el marco de la ética, la justicia y la libertad.

La segunda, ligada a las alianzas extraterritoriales, para la defensa de la tierra y el agua, así como para instrumentar acciones por el mercadeo justo y solidario.

Y la tercera, en alianza con grupos de académicos, organismos de derechos humanos e instancias internacionales y de la sociedad civil, para provocar rediseños institucionales y construcción de nuevos esquemas de política pública, en donde la transparencia y la contraloría social sean el eje operador y común denominador a la vez.

Rubrico este documento manifestando que quienes desde el gobierno y de los organismos empresariales actúan para favorecer sólo a los agro negocios hegemonizantes y soslayan la importancia de la agricultura familiar y campesina, deben reflexionar y reconocer que sin nosotros será inalcanzable el derecho a la alimentación, consagrado hoy en la Constitución. Y que sin nosotros el país en su conjunto pierde viabilidad porque la desigualdad y la pobreza serán aún más intolerables y la crisis ambiental alcanzará niveles insoportables. Eso, tal y como lo expresamos en noviembre pasado en Brasilia, en el Foro Latinoamericano y Caribeño de los Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Foro Rural Mundial.

 
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