Los pobladores de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán –donde hace unas semanas elementos del Ejército habrían atacado a los ciudadanos, causando la muerte de dos personas, una de ellas un menor de 12 años de edad– denunciaron la complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región, promover la desinformación y pretender crear grupos de choque dentro nuestras comunidades ancestralmente hermanas. Exigieron detener la desinformación y la creación de grupos de choque en la región; la libertad inmediata del integrante de la guardia comunitaria Cemeí Verdía Zepeda –quien podría salir de prisión debido a que no se ha podido comprobar su responsabilidad en los delitos que se le imputan–; castigo a los militares y sus mandos que causaron la muerte de dos personas, dejaron heridos a algunos otros y destruyeron bienes de la comunidad; la reparación de los daños y la presentación con vida de los comuneros desaparecidos.