La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las alegaciones sobre la participación de elementos del Ejército Mexicano en tres graves hechos de violencia en los que se violaron las garantías fundamentales de la ciudadanía. Asimismo, enfatizó que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas.

El organismo se refirió a dos casos suscitados en julio de este año: el secuestro y ejecución de siete personas en Calera, Zacatecas –por el que son juzgados cuatro militares– y el operativo en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, donde fueron asesinados dos habitantes, uno de ellos un niño menor de 12 años; así como a la muerte de 22 personas en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

En una comunicación emitida en Washington, la CIDH subrayó que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno (de los países) deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos. Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley.

Apremió al Estado mexicano a continuar las investigaciones de los tres casos y a garantizar que las indagatorias se realicen de manera seria, independiente, imparcial y efectiva, en consonancia con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

Sobre los hechos del 7 de julio en Calera, Zacatecas, la CIDH aseguró haber recibido información de que siete personas habrían sido secuestradas por personal militar. Los cuerpos, agregó, fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, con tiros en la nuca.

Este órgano internacional también recibió información que refiere que en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, “las fuerzas federales, estatales y municipales realizaron un operativo conjunto en el que dos personas perdieron la vida, incluyendo un niño de 12 años, y otras personas resultaron heridas. Según la información recibida, los militares habrían usado gas lacrimógeno y disparado de manera indiscriminada contra la población, como resultado de lo cual (también) habría varias personas heridas, incluyendo una niña de seis años y un adolescente de 17 años de edad.

La CIDH hizo referencia al informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez titulado Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, el cual afirma que entre 12 y 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico habrían sido ejecutadas de manera arbitraria por presuntos miembros de la fuerza pública en una bodega de ese municipio del estado de México.