l cumplirse un año de que el Kremlin prohibió importar alimentos de 32 países –en respuesta a las sanciones que impusieron a Rusia por la anexión de Crimea– es claro que estas medidas reportan a las partes enfrentadas más pérdidas que beneficios.

Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega nada han conseguido con sus sanciones a empresas, bancos y funcionarios rusos. En cambio, los agricultores y ganaderos de estos países dejan de ingresar miles de millones de dólares al no poder exportar a Rusia y tienen que recibir subsidios al no encontrar mercados equivalentes para su producción.

El golpe ruso a sus adversarios genera también tres efectos negativos, cuyo costo recae en la población: escasez de alimentos, dado que no se ha logrado estimular la producción propia ni han aumentado lo suficiente las importaciones de países que no entran en el embargo; subida de precios de los comestibles de entre 40 y 70 por ciento, agravada por la devaluación del rublo, debida al desplome de los precios internacionales del petróleo, y aumento del contrabando de alimentos prohibidos, desde países vecinos de Rusia, socios en la Unión Aduanera, que se prestan a extender certificados de origen y otros documentos para hacer negocio a costa de su aliado.

El Kremlin decidió –en ocasión del aniversario– dar un golpe de efecto respecto del contrabando: ordenó destruir, como se hace en muchos lugares con aplanadoras que revientan en pedazos discos y películas piratas, los alimentos prohibidos.

El Ministerio de Agricultura y la Aduana se dieron a la tarea de encontrar los contenedores y camiones con cargas de origen sospechoso –la corrupción hizo posible, por ejemplo, que llegaran a detectarse camarones de un país vecino que no tiene acceso al mar– y se procedió, con amplia cobertura televisiva, a destruir las primeras 400 toneladas de quesos, carnes, melocotones, zanahorias, tomates y otros alimentos prohibidos.

Las autoridades rusas hacen oídos sordos a la petición –apoyada, hasta este sábado, por más de 300 mil firmas en Internet– de distribuir de manera gratuita esos comestibles entre los casi 23 millones de rusos en situación de pobreza, en primer lugar en residencias de ancianos y orfanatos, y en última instancia de obligar a los empresarios tramposos a pagar el flete de la carga como donación a países donde millones de personas pasan hambre.

La iniciativa no es de legisladores, que prefieren promover enmiendas al código penal para condenar a 12 años de cárcel a quien presente documentos falsos para traer de contrabando alimentos de los países que sancionan a Rusia. También proponen incluir medicamentos y equipos médicos, así como extender el listado de países que no podrán exportar comestibles a Rusia.

Guste o no, esta guerra de sanciones sólo podrá terminar con un borrón y cuenta nueva a partir de que Estados Unidos y sus aliados asuman que Crimea jamás volverá a ser parte de Ucrania.