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Un nuevo modelo de servicio público para el DF
B

ajo el rubro de una nueva cultura laboral, el jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció el pasado 4 de agosto una serie de beneficios en favor de las madres y padres trabajadores que prestan sus servicios a la administración local, reduciendo jornadas de trabajo y ampliando permisos con goce parcial de salarios. Estas medidas responden a la vez a recomendaciones de organismos que sugieren extender estas prestaciones más allá de los mínimos contenidos en la ley laboral, consistentes en tres meses para las mujeres en caso de maternidad y cinco días para los padres. La nueva disposición gubernamental adiciona cuatro meses y medio con pago de 40 por ciento del salario al personal de base, y al de estructura, tres meses con pago de 30 por ciento. A los padres con hijos menores se les reducen horarios dos viernes al mes.

Este anuncio fue recibido con beneplácito por sus beneficiarios. Conviene sin embargo evaluar estas medidas en el contexto del modelo laboral que requiere el servicio público en la ciudad de México, para lograr los fines expuestos en el anuncio oficial: por un lado, el bienestar de los 222 mil trabajadoras y trabajadores y, por el otro, beneficiar a más de 9 millones de habitantes y a 20 millones que conviven en la zona metropolitana. Además, porque se puede convertir en un referente positivo para otros gobiernos locales que han soslayado históricamente el diseño de una política laboral para sus servidores.

La denominación de nueva cultura laboral no es quizás la idónea; este concepto fue utilizado por la administración panista de Vicente Fox y creado por Carlos Abascal cuando encabezó la Coparmex y más tarde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La objeción no se limita al título en sí, sino por su significado, pues fue el resultado de una propuesta de corte empresarial para flexibilizar las condiciones laborales, con la intención de reflejarlas en una nueva ley. Convendría por tanto referirnos a un nuevo modelo de servicio público para la ciudad de México.

En el Distrito Federal existen tres tipos de trabajadores: los de base, que han sido víctimas de añejo abandono, bajos salarios, reducidas exigencias para su desempeño eficiente y rigidez en algunas condiciones de trabajo; con el tiempo se les han reducido sus funciones sustantivas y, en consecuencia, el reconocimiento al valor de su labor. El grupo del personal de confianza, que teóricamente debería ser limitado en su número, pero que en la realidad se ha ido ampliando con una separación interna: funcionarios por un lado y por el otro trabajadores de apoyo que realizan muchas de las labores del personal de base. Un tercer grupo, también gigantesco, incluye personal por honorarios y otras categorías precarias como supernumerarios, temporales y, a últimas fechas, los subcontratados, que se han multiplicado para evitar la contratación directa de trabajadores. El denominador común de los dos últimos grupos es su carencia de estabilidad laboral, sus jornadas extenuantes y el crecimiento de sus responsabilidades y quehaceres.

Transitar hacia un nuevo modelo de relaciones de trabajo implica avanzar en la regularización de este creciente desorden y, por lo que se refiere a los trabajadores de base, que deberían constituir la regla general, establecer pautas idóneas de ingreso, promoción, capacitación, desarrollo, reconocimiento y evaluación del trabajo. El reto es profesionalizar a todo el personal, incluyendo al de base, superando sus limitaciones y otorgándole los medios para brindar un servicio de calidad que deberá verse reflejado en mejor remuneración. Es obvio que con el salario que se paga es difícil pedirle a un trabajador de base que cumpla con plenitud su importante servicio a la comunidad; suele estar buscando otro trabajo que complemente su ingreso, o bien, está pensando en terminar su jornada laboral o en jubilarse.

Un nuevo modelo de servicio público o servicio profesional de carrera implica distribuir adecuadamente la materia de trabajo y superar la división tajante entre los trabajadores de base, de confianza y los miles de indocumentados laborales. Se trata de un rediseño institucional que permita conciliar derechos laborales con calidad del servicio público. El riesgo de no transitar hacia la ruta de un modelo integral es que por medidas que pueden ser valiosas, como la reducción de horarios en el grupo cuyos tiempos de trabajo son de por sí reducidos, se vea incrementada su marginalidad y se trasladen más sus tareas sustantivas a los otros sectores, colocando, aun sin quererlo, a los trabajadores de base en una condición de mayor abandono.

No es fácil la transición hacia un modelo laboral acorde con las necesidades de nuestra gran ciudad: en primer lugar, por motivos de costo y presupuesto; segundo, por las ataduras al régimen legal burocrático de carácter federal y a las prácticas, costumbres y vicios cubiertos o encubiertos de origen muy añejo, pero el obstáculo más importante es quizás la ausencia de incentivos políticos.

La posibilidad de un nuevo marco constitucional para la ciudad de México que permita un diseño propio del servicio público sería una gran oportunidad. En tanto convendría diseñar, si es que no existe ya en los escritorios gubernamentales, un proyecto integral. Es sabido que se han realizado estudios en el pasado, creando instituciones para este fin. Se llegó incluso a poner en vigor una Ley del Servicio Profesional de Carrera, diseñada con el apoyo de especialistas, pero por alguna razón esta ley, siendo vigente, no se acata, lo cual acredita el grado de dificultad para transitar hacia este cambio.

Una limitación de estas propuestas es que no han incluido en su elaboración y discusión a los trabajadores de abajo, los de base, los que tienen contacto directo con el público, los de barandilla. En este caso reducir horarios puede ser positivo, suponiendo que los trabajadores utilizaran su tiempo para estar con la familia. Sin embargo, el valor de la medida tendrá sentido si se inserta en otros cambios que avancen hacia un servicio público que beneficie tanto a los trabajadores del gobierno de la ciudad como a quienes la habitamos.