Ostula, en michoacán,
no puede bajar la guardia
Gloria Muñoz Ramírez
“Estamos en guardia, en alerta permanente, reforzando la seguridad en la carretera. De un momento a otro podemos ser atacados de nuevo, pues el gobierno anunció que entraría a desarmar a los comunitarios”, advierte desde Ostula Gregorio Santos García, vocero de la comunidad.
 De la serie Xico, una sierra y su gente (plata sobre gelatina). Foto: Manuel González |
La comunidad nahua de Santa María Ostula permanece en guardia. La seguridad comunitaria se ha reforzado a partir del anuncio gubernamental de que entrarán a desarmarlos. La tensión no baja desde que el pasado 19 de julio el ejército federal detuvo al comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía, y posteriormente atacó a tiros un bloqueo comunitario instalado en Ixtapilla, dejando como saldo un niño de 12 años muerto y varios heridos.
“Estamos en guardia, en alerta permanente, reforzando la seguridad en la carretera. De un momento a otro podemos ser atacados de nuevo, pues el gobierno anunció que entraría a desarmar a los comunitarios”, advierte desde Ostula Gregorio Santos García, vocero de la comunidad.
En entrevista telefónica con Ojarasca, el responsable de la comunicación de Ostula refiere que hay cuatro órdenes de aprehensión en contra de sus comandantes, entre ellos Germán Ramírez, quien quedó a la cabeza de la policía comunitaria supliendo a Cemeí Verdía. Hasta el 5 de agosto, Verdía permanecía en la cárcel de Mil Cumbres, Morelia. Las imputaciones de homicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército fueron desechadas por falta de elementos y desistimiento.
“El anuncio del desarme puede ser sólo intimidatorio, pero nosotros de una vez decimos que no lo vamos a permitir. La comunidad está muy organizada. Hay rondas comunitarias todo el día. Se están organizando nuevas comisiones de apoyo y las asambleas están determinando los pasos a seguir”, señala Santos García en la conversación sostenida el 4 de agosto, luego de que se conociera que aún sin los cargos de homicidio, Verdía no sólo permanece en la cárcel, sino que podría ser transferido al penal de Lázaro Cárdenas, donde se encuentran integrantes de los Caballeros Templarios, grupo delictivo al que ha combatido al frente de los comunitarios, por lo que, sin duda, si se concreta el traslado su vida corre peligro.
“Vemos que el gobierno no tiene intención de cumplir los acuerdos que se hicieron luego de la detención y del ataque del ejército, pues Cemeí no ha sido liberado, no se ha castigado a los responsables del asesinato del niño Hidilberto y del resto de los heridos, continúan las amenazas de hacer efectivas las órdenes de aprehensión y ahora están con lo del desarme, con el pretexto de que el próximo 31 de agosto se vencen los permisos”, advierte Santos García.
La asamblea de Santa María Ostula, en el litoral del Pacífico michoacano, no para. El acuerdo es que no van a permitir que entre el gobierno a la comunidad. En estos momentos el ejército se mantiene en sus posiciones, pero advierten que esperan que se movilicen de un momento a otro, con la justificación del desarme. “Nosotros no nos hemos enfrentado con ellos y no lo vamos a hacer. Vamos a dialogar. Ellos son militares, nosotros no. Lo que buscan es que respondamos con violencia, pero no lo vamos a hacer. Vamos a responder con organización”, explica el vocero, e insiste en que lo del 19 de julio no fue un enfrentamiento, como algunos medios manejaron, sino un ataque del ejército, “como lo demuestran los videos que hemos compartido”.
Sobre la carretera costera la vigilancia comunitaria se ha reforzado, se levantaron enramadas para protegerse de las lluvias, y ahí permanecen pendientes las 24 horas del día. La alerta se mantendrá hasta que liberen a su comandante y cesen las amenazas. Han vivido así prácticamente desde junio de 2009, cuando decidieron recuperar más de mil hectáreas de tierras (invadidas por pequeños propietarios ligados al crimen organizado) y reactivar sus guardias comunitarias.
Las guardias para los nahuas de la región no nacieron con el boom de las autodefensas. Son una realidad comunitaria ancestral, una forma de organización vinculada a sus usos y costumbres. Aquí los comunitarios son elegidos en asambleas. Todas las encargaturas tienen sus comandantes y policías comunitarios para resguardar el orden desde tiempos inmemoriales. “Esta es nuestra costumbre. No es una moda”, recalca Santos.
“No pueden venir a una comunidad originaria a imponer sus reglas. Aquí nos regimos por nuestras tradiciones y la guardia o policía comunitaria es un derecho constitucional, no un capricho”, insiste.
Ambición por sus tierras. Gobierno, transnacionales, delincuencia organizada y caciques quieren las tierras de Ostula. Carreteras, puentes, proyectos turísticos, minas y muelles estratégicos para el trasiego de drogas quieren imponerse en estos lares. El único inconveniente es que son tierras de los nahuas. Y no las piensan abandonar. Ya 32 asesinatos y seis desaparecidos les ha costado defenderlas. Hoy está preso el primer comandante de su policía comunitaria, hay órdenes de aprehensión en contra de otros tantos, la amenaza de un ataque del ejército es permanente. Y han decidido quedarse.
El Plan Regional Sustentable de Michoacán, que contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad, es una de las amenazas. La otra va de la mano de los Caballeros Templarios, organización criminal que mantiene el control de la zona y a la que hizo frente la policía comunitaria de Ostula, con Cemeí Verdía al frente.
El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Ahí fundaron el nuevo poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos de la delincuencia organizada y caciques locales. En los años siguientes la factura que pagaron fue de 32 asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante.
“Lo que se está haciendo contra nuestra comunidad es una atrocidad, pero no estamos como en el 2009. Ahora hay más organización y no nos vamos a dejar. No vamos por el enfrentamiento, pero aquí el gobierno no entra”, insiste Gregorio Santos.
AVISO: Para el reforzamiento de sus guardias, víveres y los gastos de los procesos jurídicos abrieron una cuenta, apelando a la solidaridad nacional e internacional. Los datos son los siguientes: Banco HSBC. Cuenta 6411823853, a nombre de José Luis Pineda Ramos.