Con el propósito de incrementar la efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) contra los grupos del crimen organizado se creó la dirección general de extinción de dominio en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que el Ministerio Público Federal tiene identificados más de 300 inmuebles y propiedades que presuntamente forman parte de la riqueza de diversos grupos delictivos –secuestradores, lavadores de dinero y narcotraficantes– y buscará que pasen a ser propiedad del gobierno federal.

La nueva dirección general depende del titular de la Seido, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien regresó a trabajar a la PGR luego de que Arely Gómez González fue designada procuradora.

De acuerdo con la información recabada, la dirección general de extinción de dominio forma parte de una estrategia que se conjuga con labores de inteligencia y obtención de información de cada una de las averiguaciones previas que se integran contra miembros de la delincuencia organizada, y para ello se ha ido elaborando un registro que se maneja de manera confidencial con la finalidad de no afectar los procesos penales o los posibles litigios que se presenten contra de la pretensión de la PGR de obtener los bienes en favor del gobierno federal.

Las fuentes consultadas refirieron que estas acciones provocarán que se incrementen los juicios que están en proceso desde 2009, cuando se comenzaron a aplicar procedimientos de este tipo de, que no han superado los cien casos en trámite y con menos de 20 por ciento de efectividad.

Los funcionarios entrevistados explicaron que la estrategia de la Seido se ha modificado al igual que la política de detenciones, ya que en administraciones pasadas era común el uso del arraigo para investigar a algún presunto responsable de un ilícito y esas medidas han disminuido a menos de 30 casos.

La intención, indicaron, es golpear la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales y detener su operatividad, ya que no basta con detener a los integrantes.