l primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció ayer que su gobierno autorizó la construcción inmediata de 300 viviendas en Beit El, región de los territorios palestinos de Cisjordania. En el mismo comunicado se notificó que Israel planea construir otras 500 viviendas en Jerusalén Oriental (Al Qods), área que según el derecho internacional se encuentra bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y pertenece a Palestina, pero que fue ocupada y anexionada por Israel.
Esta postura, consistente con el belicismo de Tel Aviv, profundiza el plan de disolución y dispersión de los territorios bajo control efectivo de las autoridades palestinas, en abierta violación a múltiples resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. La ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental, que se mantiene desde la Guerra de los Seis Días de 1967, dinamita la posibilidad de una solución pacífica y negociada en el marco de los dos estados contemplados por la comunidad internacional desde el final del protectorado británico de Palestina en 1947.
Un precedente ineludible de este anuncio es el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, alcanzado el 14 de este mes entre Irán y el Grupo 5+1, que reúne a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia– más Alemania.
Aunque dicho acuerdo creó las condiciones para que Irán pueda continuar con el desarrollo de su industria nuclear civil bajo supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Israel reaccionó con un tajante rechazo a la solución diplomática y con la amenaza explícita de actuar contra el acuerdo, circunstancia que implicó un mayor aislamiento de hecho de Tel Aviv en el panorama internacional.
Al oponerse a este histórico acuerdo, que alivia las tensiones entre Occidente e Irán, asumiéndolo como una derrota personal, y anunciar ahora la construcción de viviendas en Cisjordania y Al Qods, en clara violación a las resoluciones de la ONU, el gobierno israelí manda un mensaje a la comunidad internacional respecto de su determinación de continuar con su postura belicista y violatoria de la legalidad internacional.
Occidente, tan proclive a imponer draconianas sanciones económicas a sus rivales, debería contemplar alguna medida de contención como vía para presionar a que Israel cumpla con la legalidad internacional y abandone su política de sabotaje al Estado palestino. Si el gobierno israelí desea asegurarse una paz estable y duradera, que ponga fin al largo conflicto de Medio Oriente, debe abandonar esta política de agresiva colonización, violatoria del derecho internacional y los derechos humanos.
Es necesario, por último, que la comunidad internacional encauce el conflicto hacia la única solución justa y permanente posible que permita a ambas naciones coexistir en paz: la restauración de las fronteras israelíes de 1967, el retiro de los asentamientos judíos en territorios árabes, la conformación de un Estado palestino en la totalidad de Cisjordania y en Gaza y el establecimiento de un estatuto internacional para Jerusalén.
