En las pasadas elecciones fue crítico reclutar funcionarios de casilla por miedo a la inseguridad, falta de credibilidad en las instituciones, así como por la entrega de apoyos bajos para alimentación. Todo eso fue aprovechado por los partidos políticos para piratearse ciudadanos como sus representantes o pagarles para que no se presentaran.

En la etapa de reclutamiento 158 mil personas (13.07 por ciento) del millón 200 mil ciudadanos insaculados fue sustituido, porque rechazó participar, indica un informe de la Dirección de Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Donde hubo tasas de rechazo más altas fueron en Distrito Federal, Puebla y Chihuahua, con cifras superiores a 50 por ciento, revela este balance de la segunda etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral. Otros 57 mil ya designados por el INE no se presentaron a cumplir con su labor el día de la jornada electoral, según dicho documento.

Las entidades donde dejaron plantado al instituto el 7 de junio fueron, en primer lugar, Campeche (17 por ciento de los designados), Quintana Roo (15 por ciento), Sonora (14 por ciento), Tabasco (12 por ciento) y Distrito Federal (11 por ciento).

El detallado estudio señala las razones por entidad y distrito. Es recurrente encontrar explicaciones como las dadas en Aguascalientes: La situación de inseguridad, de la que hablan los diferentes medios de comunicación, generó miedo entre la ciudadanía o la referencia a narcobloqueos en Jalisco.

En Baja California Sur mencionan como retos de la organización electoral los fenómenos de inseguridad y crímenes violentos asociados al enfrentamiento entre bandas del crimen organizado que se presentaron principalmente en la localidad de La Paz durante el proceso electoral.

Añade que la apatía y negativa a participar provocó que a los capacitadores-asistentes electorales se les dificultara comprometer y capacitar a los ciudadanos aptos para este fin.

Deslindarse de Córdova

En Puebla, Jalisco y Oaxaca aparece como causa de esta falta de interés la publicación de una llamada telefónica del consejero presidente (Lorenzo Córdova) con comentarios considerados racistas. Por esta razón, en el estado de México se instrumentaron las siguientes acciones: informar acerca de los valores institucionales, que el consejero presidente no es el INE, deslindarse del consejero presidente.

Otro aspecto que desanimó a los ciudadanos fue la baja retribución dada a capacitadores electorales y a funcionarios de casilla.

Por ejemplo, en Colima, rechazaron participar cuando supieron que recibirían 300 pesos de apoyo para alimentos cuando en el proceso electoral 2011-2012 fue de 550 pesos. Por esta situación, hubo capacitadores electorales que no les informaron la suma, lo que provocó la molestia de algunos.

Antes y después de la jornada electoral se recibieron llamadas de funcionarios de casilla ofendidos por la cantidad de dinero que se les iba a dar o se les había dado como apoyo económico, y hubo quien externó que era mejor que no dieran nada porque esa cantidad era una burla para su labor, añade.

De esta situación se aprovecharon los partidos políticos. En Jalisco se informó que hostigaron a los funcionarios de casilla ofreciéndoles dinero para fungir como representantes de partido o desistir de ser funcionarios y hasta les hicieron llamadas telefónicas advirtiéndoles, con información distorsionada, sobre problemas y hechos de violencia que ocurrirían el día de la jornada electoral”.

En Quintana Roo dieron más detalles: Algo que afectó mucho fue la práctica recurrente y presumiblemente dolosa de los partidos políticos tomando a los ciudadanos insaculados y capacitados para ser representantes de casilla; los 200 pesos que se ofrecían como gratificación por actuar como funcionarios les parecían insignificantes en relación con los 2 mil, 3 mil y hasta 5 mil pesos que ellos ofrecen.