La Contraloría General del Distrito Federal comenzó 198 procedimientos de investigación en contra de funcionarios de 40 dependencias de la administración pública local, por incurrir en desacato a la Ley de Transparencia de esta ciudad.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Infodf), ese número de acciones se registraron de 2012 a junio de 2015, y se derivaron de las peticiones (o vistas) que le hizo el mismo Infodf para que indagara a servidores públicos, tanto de secretarías, delegaciones políticas, órganos autónomos, partidos políticos y demás entes locales obligados a la transparencia.

Según la relación numérica entregada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) fue la que más actos de desacato a la norma de transparencia acumuló en el periodo mencionado, con 25 casos, que obligaron al Infodf a dar vista a la Contraloría. En orden descendente le siguió la Autoridad del Espacio Público (AEP), con 17; las delegaciones Magdalena Contreras, con 16, y Benito Juárez, con 12.

Atrás se ubicaron otras tres delegaciones: Xochimilco y Gustavo A. Madero, con nueve vistas del instituto a la Contraloría General cada una, mientras Cuajimalpa acumuló ocho.

El comisionado presidente del Infodf, Mucio Israel Hernández Guerrero, precisó que son al menos tres causas por las cuales se da vista a la Contraloría: la primera, cuando un ente público local no tiene en su portal de Internet oficial el ciento por ciento de la información a la que está obligado, de acuerdo con la Ley de Transparencia.

La segunda, añadió Hernández Guerrero, es debido a las omisiones de respuesta en las que incurre una dependencia o institución de la administración pública de esta ciudad. Y la tercera causa es cuando el mismo ente obligado desacata una resolución del pleno del Infodf.

Para el titular del organismo garante de la transparencia, las sanciones de la Contraloría pueden ir desde una amonestación pública o privada hasta la suspensión en sus funciones de un funcionario del gobierno de esta ciudad o de los órganos autónomos.

Finalmente, Mucio Israel Hernández Guerrero destacó que trabajan de cerca con la Contraloría para que si bien se le da vista de los desacatos, también se logre que el ente obligado entregue al final la información que se le solicite, y no basar todo en un esquema persecutorio, sancionatorio, porque en poco ayudaría si se castiga a un servidor público y el ente obligado a la transparencia no proporciona los datos que se le piden.