Ante la ola de megaproyectos que se construyen en la ciudad de México y la zona conurbada, integrantes de la Red Anáhuac por los Bienes Comunes emplazaron a las autoridades correspondientes a que se declare una moratoria urbana.

Se trata, dijeron, de que se suspendan todas las obras que se realizan o proyectan en las que existe oposición de los colonos, sin importar si son públicas o privadas; y se integre la figura de consulta ciudadana vinculante, para que los ciudadanos participen en cada proyecto.

Asimismo, que las instancias involucradas brinden información oportuna y transparente para que expertos determinen los pros y contras de cada uno, y que en las nuevas construcciones se garantice la ocupación efectiva de la infraestructura y su utilidad pública.

No nos oponemos al progreso y a la urbanización, siempre y cuando esta última sea fruto del análisis de las necesidades locales en materia de movilidad, disponibilidad de recursos hídricos, mezclas de usos de suelo y capacidad de carga ambiental y urbana, precisaron.

En otro asunto, ejidatarios de Tláhuac informaron que el juzgado décimo de distrito en materia administrativa admitió el recurso de queja que interpusieron contra el pago de 700 mil pesos que el Gobierno del Distrito Federal pretende pagarles por sus tierras expropiadas.