A contrarreloj, el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza las cuentas de 12 mil 710 campañas, para que en dos semanas sancione a quienes hayan cometido irregularidades.

Benito Nacif, integrante de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que el 13 de julio el Consejo General sesionará y votará los 17 dictámenes. Se pondrá la lupa sobre 9 mil 312 millones de pesos de financiamiento público otorgado a campañas locales y federales, más otra cantidad proveniente de fuentes privadas.

La principal falta que cometen los candidatos es no reportar los gastos en sus informes de campaña, que puede ameritar sanciones equivalentes a 150 y hasta 200 por ciento del monto involucrado.

Refirió que la unidad técnica de fiscalización detecta esos gastos no reportados a través de intercambios de informes con el Sistema de Administración Tributaria y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Otra vía por la que se descubren irregularidades son los monitoreos de propaganda en la vía pública y en medios impresos. Equipos con GPS detectan la publicidad y se integra una base de datos con la imagen y su ubicación exacta, que suman 40 mil 762 registros.

Otras faltas en fiscalización se dan por recibir fondos de fuentes ilícitas, por omisiones de información, subvaloraciones o sobrevaloraciones de gastos, así como por realizar erogaciones prohibidas.

En el esquema anterior, el entonces Instituto Federal Electoral resolvía 160 días después de la jornada electoral la fiscalización de las campañas. Con el nuevo modelo, 36 días después de la contienda comicial el Consejo General resolverá sobre los ingresos y gastos de campaña.

Para cumplir con los plazos, la unidad técnica de fiscalización trabaja con intensidad estos días. El primero de julio vence el plazo para entregar a la comisión respectiva los dictámenes y resoluciones de campañas relacionadas con 10 mil 50 actos locales y 2 mil 220 federales.

Del 4 al 6 de julio, dicha comisión analizará y discutirá los dictámenes para entregarlos el día 7 al Consejo General, que tendrá una semana para estudiarlos y votarlos el día 13.

Según la nueva legislación electoral, hay tres escenarios para anular la elección: si la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos de 5 por ciento y el rebase de gastos sea por más de 5 por ciento del límite establecido, se compren o adquieran tiempos en radio y televisión o se hayan recibido recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Nacif aclaró que no corresponde al INE anular la elección, sino que recae en los tribunales que califican la elección, pero antes verificarán si hubo dolo, o sea, la intención de rebasar el tope de gastos de campaña y existan pruebas de que esta situación dio oportunidad de triunfo al candidato.

El lunes la Comisión de Fiscalización sesionará y se espera que desahogue una veintena de quejas, que se prevé sean declaradas desechadas o infundadas por falta de pruebas o por presentación fuera de tiempo.

El siguiente viernes también se abordará otro paquete de 20 quejas de más de un centenar que están pendientes de resolución, aunque se descarta que en ese grupo esté la enderezada por varios partidos contra el Partido Verde Ecologista de México, que se resolvería después del 13 de julio.